El índice de muertes a manos del aparato represivo del estado ha sido siempre creciente desde que confeccionamos el Archivo (ver
Gráfico nº 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero, se destacan en este “rubro”, que nuevamente ocupa el segundo puesto, secundando al gatillo fácil como modalidad de exterminio sistemático. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
CANTIDAD DE CASOS DURANTE LAS DOS GESTIONES KIRCHNER
(Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 30/11/2008)
El gobierno de los Kirchner, en conjunto, lleva más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura en 66 meses de gestión. Desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, el matrimonio presidencial, el ministro Aníbal Fernández, sus fuerzas de seguridad, y los gobiernos provinciales y las fuerzas provinciales, nos han matado un pibe día por medio. Dieciséis por mes. No hay parangón para esa cifra en ninguno de los gobiernos anteriores desde 1983, y la tendencia se mantiene, al punto que hoy, con el Archivo 2008 cerrado al 30 de noviembre, ya son cuatro los casos ocurridos en el corriente mes de diciembre, que serán publicados con la actualización de 2009.
Presagiábamos, al presentar el Archivo 2007 al mismo tiempo que se inauguraba el nuevo gobierno, que habría más represión este año. Doce meses después, los números del archivo y la realidad cotidiana dicen que no nos equivocamos entonces, ni lo hacemos ahora, al augurar mayor represión para el futuro inmediato.
El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
MODALIDADES (Gráfico nº 3, sobre total de casos)
Del estudio de los datos objetivos surge como una de las conclusiones que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo, sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.
También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.
Pero no sólo con la represión preventiva nos castiga este gobierno. La represión selectiva, dirigida a la misma clase trabajadora cuando ya se ha comenzado a organizar, está también en plena forma. Si Néstor Kirchner terminó su mandato con dos muertos en la protesta social, Luis Cuéllar (2003) y Carlos Fuentealba (2007), su esposa ya tiene el primero de su gestión, Juan Carlos Erazo, el trabajador del ajo asesinado a golpes por la policía mendocina durante una huelga. Presos políticos, represión a cuanta manifestación se produzca (salvo que sean las del “campo” contra el gobierno, o del gobierno contra el “campo”), militarización de ciudades y lugares de trabajo, uso permanente y creciente de patotas sindicales o grupos de choque del PJ, son sólo algunas de sus vertientes.
Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura. Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado este año 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.
En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes llega al punto de mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de cinco años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.
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