CORREPI

GATILLO FÁCIL: ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS

2010-06-29T15:50:00.000-07:00

Desde fines de los ’80, la expresión “GATILLO FÁCIL”, que en sentido estricto refiere sólo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como “enfrentamientos”, cuyas víctimas son, casi siempre, jóvenes pobres, se popularizó tanto que a veces se la usa como comprensiva del conjunto de las variantes represivas policiales.

La política de gatillo fácil conforma, junto con el sistema de detenciones arbitrarias y la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías, una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable, que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos, potenciados por la naturalización y la invisibilización.

A diferencia de la represión política, que selecciona cuidadosamente sus blancos, la represión preventiva, con herramientas como el gatillo fácil, se abate en forma aparentemente indiscriminada sobre la población, con un alto grado de selectividad que no es otro que la pertenencia de clase.

El gatillo fácil, la aplicación sistemática de torturas a detenidos legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son las tres modalidades básicas de esa forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante.

Junto a esta vertiente represiva que llamamos “preventiva”, y que suma 2.950 asesinados desde diciembre de 1983, distinguimos la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado. La represión directa en movilizaciones (que nos ha costado 54 compañeros caídos desde 1995); las tareas de inteligencia; la promoción de causas judiciales sobre militantes y su consecuencia más grave, los presos políticos, constituyen la otra cara de las políticas represivas del estado, que se manifiesta con mayor intensidad en la medida que avanzan la conflictividad social y la organización popular, y que, para algunos, es percibida, como “política de estado” con mucha mayor facilidad que la que se descarga sobre los pobres no organizados al amparo de la naturalización y el silenciamiento.

La semana pasada, en Bariloche, vimos, primero, un típico caso de gatillo fácil, con el fusilamiento policial de Diego Bonefoi. De inmediato, frente a la manifestación popular, dos manifestantes asesinados. El primer hecho responde a la modalidad “preventiva”, el segundo a la “selectiva". Dos modalidades de una única política de estado, que encuentra su origen en la necesidad del estado capitalista -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.

BARILOCHE: BASTA DE GATILLO FÁCIL

2010-06-24T10:34:00.000-07:00

BARILOCHE MOVILIZADO DICE: BASTA DE GATILLO FACIL, TORTURA Y PERSECUCIONES.

Durante todo el fin de semana largo, mientras se disputaban los partidos del Mundial, a cuentagotas los argentinos nos fuimos enterando por los medios lo que pasaba en Bariloche. Hace unos días, un pibe fue asesinado por un policía que integraba el BORA, la brigada de despliegue rápido que ya mató a varios pibes en esa ciudad. Esta vez asesinó a Diego Bonefoi (16), un pibe de una barriada popular del Alto de Bariloche. Con la excusa de “identificarlo”, un policía, cuya identidad ha sido celosamente preservada, le atravesó el cráneo con una bala9 mm.
La respuesta de las barriadas del Alto de Bariloche no se hizo esperar. Los habitantes de los barrios pobres de Bariloche, que bien saben de tantos otros episodios similares, salieron a las calles, se organizaron y lucharon por Diego. La respuesta del gobierno fue reprimir, esta vez selectivamente, sobre los movilizados. Matías Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29) fueron fusilados durante la represión a la pueblada.
Tres pibes fusilados, 21 heridos, decenas de detenidos en las diferentes comisarías, la mayoría torturados, allí, en los calabozos frente al Centro Cívico y al monumento a Roca, mientras seguían reprimiendo la movilización popular. A un pibe le quebraron el brazo cuando le pisotearon la mano con los borceguíes, que dijeron “con esta ya no vas a poder tirar más piedras”. En el hospital le dijeron a los policías que necesitaba una intervención inmediata pero se lo llevaron nuevamente y lo mantuvieron detenido. Desde la celda, el chico escuchó a los policías deliberando: ¿Nos cargamos uno más? Se nos fue mucho la mano, ¿y si lo matamos? Otros pibes fueron gaseados dentro de la celda después de haber recibido golpizas.
La situación represiva en la ciudad no es nueva.En 2006, CORREPI publicó una serie de notas denunciando la situación de apartheid vigente en la ciudad de Bariloche, con los barrios del alto, los barrios obreros, militarizados bajo una represión constante para evitar que sus habitantes afeen con su presencia la zona céntrica, destinada a los ricos turistas. Describimos lo que sucede a diario en los ocho pasos para acceder desde los barrios de alto (El Frutillar, San Francisco, 34 Has., etc.) hacia el bajo, con sus casas de té y finas hosterías. En cada uno de esos pasos hay permanentes operativos cerrojo.
Insistimos muchas veces en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias ("excusadas" con la averiguación de antecedentes o el código contravencional), de golpizas, de operativos de la policía y del grupo especial BORA en los barrios, con o sin orden judicial, que en ese momento estaba a cargo del comisario Veroiza y hoy a cargo del comisario Carrizo.
Denunciamos entonces, el amedrentamiento y los ataques a los vecinos que se atrevieron a intentar organizarse contra la represión, como la vecina del barrio 34 Hectáreas, Blanca Grande, que perdió un ojo por un balazo de goma durante un operativo policial en 2006, y la sucesión de muertes a manos policiales, que suman medio centenar desde 1983, en una provincia con menos de 600.000 habitantes. Son los jueces del sistema y de la gran familia judicial, como Martín Lozada, quien tiene el record de no “incomodar” a ningún funcionario de las fuerzas represivas del estado, en las causas por gatillo fácil y represiones de todo tipo.
Río Negro es ejemplo de cómo un gobernador radical, adicto al gobierno kirchnerista, sostiene y avala al aparato represivo que le toca administrar. Fue el gobernador Sainz que llamó a una reunión a la Iglesia, los empresarios y la burocracia sindical para avanzar en acuerdos de “pacificación”. Fue Sainz quien le pidió, a Cristina Kirchner, por favor, para lograr ese objetivo, el envío de tropas de gendarmería. Es Sainz quien sostiene un ministro de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también Sainz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”.
Es la presidenta Cristina Kirchner quien le brindó todo el apoyo del gobierno “nacional y popular” y puso a su disposición a la gendarmería.
Es el estado argentino, gobierne quien gobierne, que sigue un plan sistemático de acción represiva.
Nuestra solidaridad a todos los que luchan, nuestro acompañamiento a los familiares de los chicos fusilados y a la sociedad de Bariloche, que se sigue movilizando para gritar BASTA DE GATILLO FÁCIL Y TORTURAS – BASTA DE REPRESIÓN.

ESTADO DE EXCEPCIÓN EN CÓRDOBA

2010-06-05T06:54:00.000-07:00

Durante el mes de mayo, se puso en práctica en la ciudad de Córdoba un “plan piloto” contra el narcotráfico que puede definirse, como lo denunciara la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, como un “estado de excepción”. De acuerdo a lo resuelto por los fiscales de turno en el mes, la policía provincial no necesita “cumplir tantas exigencias”, como contar con la orden fundada de un juez, a la hora de allanar un domicilio sospechoso. El fiscal Vidal Lascano lo definió así: “Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación”. En una palabra, ¿para qué perder el tiempo con esas boberías como las garantías procesales? Y, desde luego, con la bendición del gobierno nacional, ya que también gendarmería participa de los operativos.

Sobre el “estado de excepción” en Córdoba:
Cómo se reconstruye un estado terrorista

Cuando definimos al estado burgués como el estado mayor de la clase dominante, incursionamos en una terminología militar que encierra el más preciso y ajustado de los significados. Nada tiene que ver que la fachada asumida por ese estado se autoreferencie como democrático y de derecho o dictatorial y de facto.
Importa, esencialmente, a qué clase responde, qué intereses defiende y -de acuerdo a la etapa de acumulación capitalista en que se encuentra- de qué herramientas dispondrá para –siguiendo la misma terminología- definir al enemigo interior y establecer así las coordenadas para su combate.
Es que, más temprano que tarde, el estado capitalista desafiará su publicitada lógica de igualdad (la que dice que existe para mediar entre los muchos que nada tienen y los pocos que todo lo poseen) y la libertad (la que refiere que existe para equilibrar las cosas entre quienes resultan oprimidos y aquellos que los oprimen), para descargar, sobre los primeros de ambos grupos, la munición pesada de la represión disciplinadora.
La idea de un estado democrático en el sentido que se ha vulgarizado, autónomo de su naturaleza clasista, es así, la más compleja e inteligente distracción, el modo más ingenioso de sembrar cazabobos en el campo minado en que tensionan las clases.
Cuando en julio de 2007, en menos de una hora, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.268 (una de las llamadas “leyes antiterroristas”), la institucionalidad argentina se pintaba la cara.
Por expresas exigencias del Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI) y del FMI, con la excusa de declarar al país “confiable para las inversiones extranjeras”, se dotaba a las autoridades de herramientas y facultades excepcionales para combatir al terrorismo internacional y doméstico.
Presuntamente, la necesidad de terminar con episodios cuyo disparador se ubica en el 11S de EEUU, tornaba imperiosa la sanción de una ley marco que, incorporada al Código Penal, y con suficiente resorte procesal, confiere una serie de atributos investigativos y preventivos que jamás podrían convivir en un auténtico sistema constitucional-garantista-legítimo y además legal (que adelantamos, es de utópica formulación mientras existan sociedades divididas en clases).
La experiencia piloto que los compañeros cordobeses denuncian se resignifica en este contexto.
Más de un garantista, incluidos algunos jueces de la Corte Suprema, se la verán en figuritas para admitir que es propio del estado “neutral” que postulan, pinchar teléfonos, allanar e intervenir comunicaciones electrónicas o postales, sin orden judicial. Ni qué hablar de las prolongadas incomunicaciones a detenidos y hasta la resucitación de las facultades policiales para interrogar al sospechoso.
Lejos estamos de sorprendernos. En la cotidianidad estas prácticas son inveteradas. Ocurre que ahora, como en el caso de esta experiencia mediterránea, se han “legalizado” como prueba de cargo. Esto significa que, por obra y gracia de una alquimia política-administrativa-jurisdiccional, lo que antes era considerado un atropello insostenible desde un estado que se precia respetuoso de cuanto pacto, convención o declaración universal de derechos humanos existe (y que por eso obligaba a realizarlo clandestinamente), pasa a ser ahora un recurso incriminatorio legítimamente obtenido.
El estado capitalista, desata las manos de sus perros guardianes respondiendo al clamor de una opinión pública que inteligentemente confunden con el Pueblo, previamente acicateada, claro está, por una campaña de los medios de prensa, cómplices necesarios de sus arbitrariedades.
Refieren los compañeros cordobeses -con números que deberán sacudir la modorra intelectual de muchos que todavía ignoran o relativizan la magnitud y el carácter decisivo que asume la lucha antirrepresiva- que la abrumadora mayoría de casos que ilustran este multidisciplinario ensayo represivo (recordemos que intervienen conjuntamente la policía provincial, la gendarmería nacional y el poder judicial), se hace sobre casas y pobladores de humilde condición social. No es casual, no es aleatorio. Es una política claramente diseñada.
Las herramientas de represión conducen a la militarización de la sociedad, ella entendida como la facultad de que dispone la burguesía en tanto clase dominante para establecer qué es delito , quienes son sus autores y cómo se los combate. Y en la sociedad que establece privilegios de clase no es difícil entender que quien los cuestione será el destinatario excluyente de toda represión. Y ese cuestionamiento consciente o inconscientemente, sólo lo realiza la clase trabajadora.
Poco importará que detrás -y delante- del narcotráfico sean las mismas agencias del estado capitalista las que lo multiplican (polinarcos, resortes diplomáticos, corrupción en la gestión de gobierno, etc.), o si es vox populi que con fondos non-santos se financian campañas electorales de candidatos variopintos.
Nadie reconocerá que haber acuñado el concepto inseguridad tenga como objetivo la protección de la burguesía y algunos sectores medios que tiemblan cuando aquella tirita. Porque si la seguridad es un valor democrático, entonces convengamos en que ninguna agencia estatal puede brindarla, cuando mata un pibe pobre por día mediante el gatillo fácil, cuando tortura a detenidos pobres en todas sus dependencias, cuando desaparece o recluta pibes pobres, en su modalidad delictiva más reciente. Y que ninguna justicia emanada de ese mismo estado puede dictar Justicia, porque la balanza está inclinada y sus ojos “hacen” que no ven.
Lo importante es usar la excusa para desplegar uniformados por todas las barriadas, entrar a los tiros en las villas, instalar gendarmes lejos de la frontera y prefectos lejos de los muelles, y así revictimizar a quienes ya condenaron por la explotación, la inflación, el trabajo en negro y el clientelismo electoral. Hablamos entonces de selectividad del sistema penal.
Selectividad que, sumada a la militarización, deviene necesariamente en el modo menos solapado de ejecutar una sistemática criminalización de la pobreza. Gobierne quien gobierne, asuma el estado la fachada que quiera.
Obsérvese que no es un dato menor que la experiencia piloto se realice en una provincia naturalmente conflictiva, con historia de independencia gremial, con desarrollo industrial y crecimiento de su periferia, y más curioso aún, una provincia que muestra a un gobernador que denuncia al ejecutivo nacional por retacearle el envío de fondos coparticipables pero que sin embargo acuerda con él (la participación de Gendarmería es insoslayable) en todo lo que refiera el modo de aplacar y disciplinar cualquier atisbo de protesta o levantamiento.
De a poco, la institucionalidad muestra la hilacha.
Ha pasado en Chile, en Paraguay y México. Uno de los principales estados terroristas del mundo, Israel, dispone de estas herramientas, inspiradas –aquí y allá- por el exportador de material legislativo y políticas represivas apropiadas para el cuidado de sus intereses imperialistas, EEUU.
La crisis del capitalismo es inocultable, pero todavía tiene margen, aunque la realidad de su naturaleza antihumana, alienante y destructiva, pueda más que sus falsos principios y frágiles teorías. Precisamente por eso, porque nada va a regalar, cuando sospecha la organización y la lucha como baluartes de las clases oprimidas, es que emplea todos los recursos tendientes a sofocarlos.
De allí que la lucha antirrepresiva sea vital para nosotros.
No alcanza con la denuncia, hay que sumarle a ella más organización y protagonismo.
De estas experiencias piloto, a la instalación de centros clandestinos o interrogatorios forzados, ¿qué queda por recorrer?.

CORREPI, mayo de 2010.-

FIESTA DE CORREPI

2010-05-06T09:19:00.000-07:00

Walter Bulacio a 19 años: 23 de abril en el Obelisco

2010-04-19T14:13:00.000-07:00

A todos,
por Walter y Por Todos, los esperamos, este viernes, 23 de abril, a las 5 de la tarde, en el Obelisco.
Porque la única respuesta que nos debemos, frente a la represión, es la organización y lucha.

La lucha no se apaga. Crece y crece, con cada pibe que canta contra la policía en un recital, una marcha o una cancha de fútbol, con cada familia que no se resigna a que la policía haya fusilado a su hijo y se suma a la militancia antirrepresiva,

Hace 19 años, la noche del 19 de abril de 1991, hubo un recital de rock en el estadio Obras.

Nada demasiado especial: una banda de gran convocatoria, y miles de chicos, la mayoría pibes de barrio, hijos de trabajadores, que iban a disfrutar la música que les gustaba. Un “operativo monstruo” de la federal, con centenares de efectivos de varias comisarías; camiones de traslado, carros de asalto, hidrantes, caballos, motos, perros y grupos especiales antimotines. Una razzia tan previsible, que la policía requisó dos colectivos varias horas antes que llegaran los primeros chicos a Núñez.

Nada demasiado especial, tampoco, en el centenar de detenidos, arreados como ganado, a palo limpio, en patrulleros, colectivos y celulares, hasta la comisaría 35ª.

Pero, al día siguiente, uno de los pibes detenidos salió en ambulancia de la comisaría. Era Walter Bulacio, de 17 años, hijo mayor de un matrimonio de trabajadores de Aldo Bonzi.

Tres hospitales y una semana después, Walter murió. El pibe de Bonzi se convirtió en emblema de la denuncia y pelea contra las detenciones policiales, el gatillo fácil y la tortura. Su nombre empezó a ser referencia ineludible en la organización contra la represión. Y, al calor de aquellas primeras movilizaciones de miles y miles de pibes que gritaban YO SABÍA, YO SABÍA QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA , terminó de parirse CORREPI como expresión orgánica de esa lucha.

Han pasado 19 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales, en las marchas contra el gatillo fácil o en los escraches a comisarías, más temprano que tarde, se escucha esa consigna, a veces cambiando el nombre de Walter por otro, a veces generalizando “a los pibes los mató la policía”. Hoy gritan Yo sabía... chicos que no habían nacido o eran bebés cuando mataron a Walter, pero que saben, saben porque no necesitan que nadie les explique cuál es el rol de la policía, porque lo viven en su propio cuero cada día de su vida.

A lo largo de estos 19 años, también, la causa judicial se encargó de mostrar, con enorme claridad, cómo se lleva a la práctica la tarea de garantizar la impunidad de los represores.

Mientras los jueces, siempre cumplidores, sumieron el expediente en un verdadero laberinto, los sucesivos gobiernos nacionales hicieron cada uno lo suyo.

Cuando la denuncia llegó a la Comisión Interamericana de DDHH, el gobierno de Memen negó todo, representado por la actual decana de la facultad de derecho, Mónica Pinto. El gobierno de la Alianza designó a un experto, Daniel Pastor, para defender a su policía ante la Corte Interamericana. Por si se olvidaron Pastor fue elegido por Macri para dirigir el instituto de formación de la policía metropolitana.

El gobierno de Duhalde trató de evitar el juicio internacional, y reconoció por decreto que el estado argentino violó el derecho a la libertad, la integridad física y la vida de Walter, y el derecho a la justicia de su familia. Es que, después del 20 de diciembre y el Puente Pueyrredón, la burguesía argentina necesitaba relegitimar la autoridad de su gobierno.

Pero no aflojamos, y la condena vino igual. Le tocó al gobierno de los Kirchner evadir su cumplimiento. Para mostrar que “hacen algo”, la presidenta Fernández de Kirchner después de 18 años, echó al comisario Espósito de la policía federal. De paso, quiso aprovechar ese gesto tardío e incompleto para lograr la foto con la familia de Walter y con CORREPI, pero la dejamos con las ganas.

Luego, vino el intento absurdo, a través de la secretaría de DDHH (dependiente del mismo ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH que la policía federal), de presentarse como querellante contra su propio ex empleado.

Así llegamos al día de hoy, con una nueva maniobra que pretende poner punto final a la causa Bulacio. En la desesperación por mostrarse “derechos y humanos”, quizás antes de fin de año haya juicio oral.

Un juicio que lega tarde y mal, y que denunciamos, desde ahora, como el intento definitivo de consolidar la impunidad. El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías. Espósito, como los comisarios que dirigieron la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, como el comandante Chiappe que dirigió el operativo en el Puente de Corrientes, como cada policía que aprieta el gatillo contra un pibe pobre o como cada guardiacárcel que tortura un preso, es sólo el ejecutor.

Ninguno de sus mandantes y defensores enfrentará un tribunal. Tampoco se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a los restantes 73 detenidos o el apaleamiento a centenares de pibes. El objeto procesal del juicio será, exclusivamente, la detención ilegal. Que no es poco, pero no alcanza. Nunca alcanza la justicia del mismo sistema que reprime por necesidad fundante de la clase que domina.

JUICIO SUSPENDIDO POR LOS GARANTES DE LA IMPUNIDAD

2010-03-09T04:34:00.000-08:00

EL TOC Nº 2 DE SAN ISIDRO SUSPENDIÓ EL JUICIO POR ROMINA LEMOS “PORQUE NO ES PRIORITARIO” JUZGAR A UN POLICÍA QUE FUSILÓ UNA NENA PORLA ESPALDA. EL MARTES 16, ESCRACHE A LOS JUECES QUE SE NIEGAN A JUZGAR A LOS POLICÍAS FUSILADORES.

El Tribunal Criminal nº 2 de San Isidro decidió SUSPENDER el juicio oral contra el policía Cristian Luján González, que el 30 de abril de 2006 fusiló por la espalda, con una pistola ametralladora UZI, a la niña Romina Lemos, de 15 años de edad.

Según el despacho firmado por los jueces, resulta necesario “ordenar la agenda de juicios del Tribunal, dando prioridad a las causas con detenidos”, por lo que suspendieron sin fijar nueva fecha el debate que debía comenzar el próximo martes 16 de marzo a las 9:00.

Dos aclaraciones necesarias: 1) Es la segunda vez que se suspende este juicio. Ya ocurrió el año pasado, en el mes de septiembre.2) Es cierto que en esta causa no hay detenidos. No los hay porque el homicida está excarcelado desde el mismo momento del hecho, sólo porque es policía. Cualquier otra persona acusada por homicidio (simple, según el fiscal, con pena de 8 a 25 años; calificado según la familia, que pide prisión perpetua) estaría detenida durante el proceso.
Es decir, primero beneficiaron al asesino con una libertad de la que no gozan los miles y miles de presos sin condena por delitos contra la propiedad, y ahora, usando ese privilegio de excusa, se niegan a juzgarlo por segunda vez. Con creciente frecuencia vemos este tipo de ardides para sustraer a los represores de la condena. El año pasado una maniobra similar suspendió el juicio por el fusilamiento de Miguel Da Silva el día que debía comenzar, y sigue sin tener fecha para reanudarse el juicio contra el policía asesino de Héctor “Pule” Otero, iniciado hace más de dos años.

La familia, los amigos y vecinos de Romina y CORREPI no vamos a consentir mansamente esta nueva muestra de cómo privilegian los administradores del poder a sus perros guardianes. El martes 16, a las 9:00, estaremos frente a los tribunales de San Isidro, para denunciar públicamente esta política oficial de protección a los represores y escarchar a sus ejecutores, los jueces. Simultáneamente, nuestros abogados denunciarán la denegación de justicia ante la Cámara de Apelación y Garantía Departamental, porque no dejamos de utilizar todas las herramientas disponibles. Convocamos a todos a acompañarnos, el 16 de marzo a las 9:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.

Un policía va a juicio por el fusilamiento de una nena de 15 años

2010-03-04T05:37:00.000-08:00

Un tribunal oral de San Isidro juzgará a partir del 16 de marzo próximo al oficial de la Bonaerense Cristian González por el asesinato de Romina Lemos , de 15 años.

El 16 de Marzo haremos presencia y convocamos a asistir frente a los tribunales de San Isidro en calle Ituzaingó 340 (esquina Acassusso), San Isidro - a 3 cuadras de la estacíon del FFCC Mitre, para exigir justicia para Romina.

Contactos de Prensa:
- Valeria Mustoni: 153- 635- 7322
- Vanesa del Bustio: 156- 305- 9685

El 30 de abril de 2006, Romina fue a bailar a un boliche de Talar de Pacheco. A la salida, dos chicos le ofrecieron llevarla a su casa en auto.

Lugo de andar unas pocas cuadras, el auto empezó a ser perseguido por dos patrulleros de la comisaría 5ª de Talar y una camioneta de la comisaría de Los Troncos desde donde González efectuó el disparo que le dio a Romina en la espalda, con la pistola ametralladora UZI 9 mm. Vale decir que dispararon cuando el auto ya paraba, su conductor había saltado y escapaba a pie, el pibe del asiento de atrás se acurrucaba para no ser herido y Romina estaba con la cabeza entre las piernas, hecha un bollito, intentando cubrirse de las balas. La trayectoria del disparo muestra que estaba agachada. El auto recibió 7 disparos de 9 mm (armas de puño y Uzi) y dos escopetazos con postas de goma. No hay una sola prueba de que se disparara desde el auto hacia los policías.

Después del choque, uno de los chicos fue detenido y el otro escapó. Romina, en cambio, fue sacada del auto muerta, con una bala policial en su espalda, disparada por Cristian González.

Los Lemos se enteraron del asesinato de Romina 12 horas después de ocurrido. Cuando los padres de la chica fueron a la comisaría 5ª para reconocer el cuerpo, algunos bonaerenses dieron vueltas para demorar el procedimiento. Finalmente, los familiares fueron llevados a la morgue por policías que les dijeron que se movieran para buscar justicia porque Romina no había muerto en un enfrentamiento, como aseguraba la versión oficial, sino que había sido fusilada.

Cuando los padres comenzaron a movilizarse, el jefe de la Unidad Regional Tigre, de apellido Rodríguez, se presentó en su casa para ofrecerles “lo que les hiciera falta”.

El chico que había sido detenido por resistencia a la autoridad fue sobreseído. Pero al poco tiempo volvió a caer en la cárcel, donde murió.

Romina Lemos: llega el juicio a sus fusiladores

2010-02-17T10:28:00.000-08:00

Romina Lemos tenía 15 años. El 30 de abril de 2006 fue a bailar a un boliche de Talar de Pacheco. Un par de muchachos le ofrecieron llevarla a su casa en auto. A las pocas cuadras, un patrullero de la comisaría 5ª de Talar los empezó a perseguir, porque el auto había sido robado un día antes.
Otro patrullero, alertado por radio, se cruzó en la calle. El auto en fuga chocó contra la patrulla. Los dos chicos fueron detenidos. Romina, en cambio, estaba muerta en el asiento del acompañante, con una bala policial en su espalda.
Romina no era una desconocida para nosotros. Desde bebé, en brazos de su madre o su abuela, acompañó muchas de nuestras actividades, porque era sobrina nieta de Estela Rivero, militante histórica de CORREPI, cuyo hijo, el “Peca” Rivero, fue fusilado por un policía en 1989.
Después de una postergación el año pasado, porque nunca es prioridad para los tribunales juzgar a policías fusiladores, el 16 de marzo va a comenzar el juicio ante un tribunal oral de San Isidro.
En breve informaremos los horarios de la concentración frente a los tribunales y enviaremos los modelos de notas para que periodistas y veedores de organizaciones y organismos puedan acreditarse para presenciar el debate.

MÁS REPRESIÓN A LOS CUATRO VIENTOS

2010-01-15T15:34:00.000-08:00

CONCORDIA, Entre Ríos: En vísperas de Navidad, cientos de trabajadores de la cosecha del arándano reclamaban su ingreso al Plan Interzafra, que significaría el reconocimiento a derechos elementales. En su protesta, denunciaban al secretario de Estado provincial Loggio y al cacique sindical de la fruta, el burócrata Camejo, como funcionales a los empresarios que explotan a los cosecheros. La respuesta fue inmediata: las “fuerzas del orden” reprimieron violentamente, detuvieron a cinco trabajadores y lastimaron a varios de ellos con el conocimiento del propio fiscal de la causa.
Paraje SANTA FE, PALMA SOLA, Jujuy: En vísperas de año nuevo, Los Mamani, familia originaria del lugar, impidieron el ingreso del ingeniero Hilario Gómez y su capataz Díaz, que venían con intenciones de proseguir con un criminal desmonte. Los viejos Mamani fueron golpeados por los lacayos de la maderera y su hijo los defendió. La policía llegó rápidamente y mientras el ingeniero y el capataz amenazaban a todos los vecinos del lugar, detuvo...a Mamani.
GUALTALLARI, TUPUNGATO, Mendoza: un matón vinculado a José Luis Manzano viene desalojando a puesteros originarios del sitio y ganando las tierras para su patrón (otrora ministro de interior del gobierno peronista de Menem). Los puesteros, aislados en las estribaciones de la cordillera, son sometidos a todo tipo de violencias. Cuando bajan y denuncian, el sistema reacciona rápidamente: la policía legitima el accionar del matón convenciendo a los puesteros de no hacer la denuncia; si insisten, la justicia de Tunuyán cajonea las causas, y los medios de comunicación “independientes” silencian. Mientras esto ocurre, las casas son desalojadas, los animales robados o muertos y los puesteros golpeados. Esto mismo se repite en Jocolí, al norte de la provincia, o en Malargüe, al sur.
Cuando decimos que la represión es una política de estado, que su objetivo es disciplinar para custodiar los intereses de la burguesía, que en ella confluyen “fuerzas del orden” y punteros o matones recreando hoy el viejo estilo neofascista de dominación, reparemos en este muestreo del interior crujiente de nuestro país.
Cuando desenmascaramos al capitalismo que ha proclamado al derecho de propiedad como el más importante de todos los derechos y se los niega a la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra, reparemos en este muestreo del interior digno de nuestro país.
Cuando auguramos que la lucha no se detiene, porque a pesar de tanto palo y tanta injusticia, la resistencia sigue, y los límites y las tranqueras serán definitivamente arrebatadas a los verdugos del Pueblo, reparemos en este muestreo del interior valiente de nuestro país.

VIDEO 2009 CORREPI

2009-12-10T11:07:00.000-08:00

De Walter Bulacio a Rubén Carballo

2009-11-16T09:51:00.000-08:00

Los portales de noticias en Internet anticipan los titulares de los diarios de mañana:
"Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes, hubo heridos y detenidos."
Esta vez fue en Vélez, tocaban Viejas Locas y el chico que está en coma en el Centro Gallego se llama Rubén Orlando Carballo.
En abril de 1991 el titular de los diarios fue el mismo. Esa vez fue en Obras, tocaban los Redondos, y el estudiante, que murió una semana después, se llamaba Walter David Bulacio. También tenía 17 años.

El jefe de prensa de la policía federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó hoy en varias radios que los pibes "se querían colar", que había "inadaptados" y que los uniformados tuvieron que emplear "la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden".
En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos "estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas".
El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía: Como brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y restaurarlo por medio de la fuerza cuando se ve amenazado. Eso se llama control social. Con "la fuerza mínima necesaria", desde luego. Eso se llama economía de recursos.
Entre 1991 y 2009 -entre Walter y Rubén - miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentina.
Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer.
Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395.
En el último año, el aparato represivo estatal nos mató un pibe cada 28 horas. Más de 20 por mes. El 53% tenía menos de 25 años.
El viernes 20 de noviembre, a las 18:00, CORREPI presentará, en un acto público en Plaza de Mayo, la actualización 2009 del Archivo de Casos, informe que recopila todos los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983.
Con el protagonismo de los familiares de los chicos asesinados por el gatillo fácil y la tortura, nucleados en CORREPI, y la presencia de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas, que han padecido la represión cotidiana a los largo del año, mostraremos, con los datos a la vista, el alcance y extensión de las políticas represivas oficiales en todo el país.
Los esperamos.

2009-11-07T09:56:00.000-08:00

Torturados para torturar mejor

2009-09-12T18:28:00.000-07:00

El reciente Informe Anual 2009 del Comité Contra la Tortura (un organismo tan oficial como el SPB) constató que los detenidos en cárceles son habitualmente sometidos a submarino seco y húmedo, picana, puntazos, manguerazos de agua fría, patadas, puñetazos, "plancha"(pastillas psiquiátricas sin receta), impactos de bala de goma, "coches bombas" (presos que atacan a otros enviados por guardias), calesita (traslados constantes) y buzón (desnudos en celdas de aislamiento sin luz ni alimento), entre otros mecanismos de torturas.

A diferencia del penitenciario Carlos Maidana, cubierto por tantos medios, el trato recibido cuando los presos se atreven a denunciar, es el empeoramiento de las condiciones de detención y muchas veces la muerte.

El poder judicial, parte del estado que tortura, pocas veces recibe los habeas corpus y basan sus resoluciones en lo informado unilateralmente por el propio SPB.

Si no fuera por el “detalle” de que una persona muere día por medio por la tortura, daría risa el repentino interés de algunos fiscales, que según el informe de Telenoche, pidieron el tape para investigar si en otros penales se practican torturas, mientras que las autoridades del gobierno afirman que “es la primera vez que se enteran de un hecho de estas características”. No menos patético es el repudio hecho público por organismos de derechos humanos como si Maidana fuera una víctima civil del estado. Usa el mismo uniforme que sus victimarios, y si denunció la tortura, fue porque le tocó a él.

La Villa 31 al sur de París

2009-08-29T12:23:00.000-07:00

En las puertas de la Villa 31, Luis Luque, integrante de la Prefectura Naval Argentina, mató a Mabel Guerra (17) e hirió a su amiga Gianina Lobos, ambas vecinas del barrio, con sendos disparos a quemarropa desde el interior de su vehículo y a escasos metros de un puesto de su propia fuerza.
El criminal uniformado alegó en su descargo que actuó en defensa propia, presumiendo que las dos pibas lo iban a asaltar. Dijo, primero, que ambas portaban réplicas de armas de puño que nadie más vio. Después, su defensor particular cambió la historia. En declaraciones a Radio Mitre, el abogado acusó a los vecinos de la villa (los mismos que, con su inmediata presencia, evitaron que se plantara algún “perro” a las pibas), de “cambiar las armas por un palo”. De paso, vale señalar que el abogado en cuestión, Marcelo Rochetti, tiene viejos vínculos con el peronismo y el macrismo. Amigo y defensor del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, colaboró con Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador (integraba el estudio del hijo de Eduardo Menem) y fue nombrado Director de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Macri en diciembre de 2007. Se ve que ganan bien los prefectos...
Los vecinos de la villa de Retiro lograron, con su reacción indignada, romper el muro de silencio de los medios. La movilización, la bronca, la pedrada, impidieron que los medios de difusión titularan: “menor delincuente abatida por agente de la ley” o algo parecido para invisibilizar el gatillo fácil .
Un par de días antes, dos policías franceses, a bordo de un patrullero, haciendo uso de una práctica estudiada en sus academias, embistieron a un motociclista hijo de inmigrantes y repartidor de pizzas matándolo instantáneamente. Ambos criminales uniformados alegaron, en su defensa, que presumieron la calidad de delincuente de la víctima al tener que perseguirlo para que se detenga.
Los vecinos de los barrios periféricos y pobres de París también reaccionaron y pusieron el hecho en los titulares de los diarios. La protesta duró varios días, aunque los medios ocuparon muchos renglones para decir que fue un “confuso episodio”. La indignación de los vecinos derivó en una protesta con disturbios que se extendió varios días.
Pobreza, marginalidad, racismo, portación de rostro, son elementos comunes aquí y allá. Presunciones que avalan impunidad (aquí el asalto, allá la fuga), también. Discursos mediáticos para instalar la idea de un hecho confuso y desvirtuar la indignación de los que se reflejan como futuros blancos móviles, son prácticas comunes.
Los pobres, aquí y allá, denuncian el acoso permanente de las fuerzas de seguridad, la persecución y la presencia amenazante en sus barriadas. Lenta y espontáneamente, por ahora, empiezan a decir basta...
La geografía de la crisis internacional va delineando el mapa de la represión, y olvida ciertas exigencias cartográficas. La profundización de la crisis capitalista tiene su correlato en la criminalización de la clase trabajadora en todas partes. El rol del estado, monopolizador “legal” de la violencia, es el producto que mejor cotiza en bolsa. La represión es la respuesta más apropiada que tienen los poderosos para protegerse de la bancarrota.
El incremento de la criminalidad que agitan los que piden más “seguridad” es la consecuencia lógica de una sociedad dividida en clases. La “espiral de violencia” no tiene fin, dicen. No puede tenerla, porque la violencia es de la esencia misma de esas sociedades. La sociedad dividida en clases se nutre de la injusticia, del desequilibrio, de la alienación…y del disciplinamiento y el control social.
El proceso de descomposición económica internacional se profundiza. La pobreza y la magnitud del despliegue represivo, también.
Quienes quieran ver lo que pasó en la villa 31 o en París como simples manifestaciones locales, se equivocan. El capitalismo no distingue por su división política, ni traza sus meridianos en relación a los puntos cardinales. El capitalismo divide entre ricos y pobres.
Pero, desde hace un tiempo, se va quedando sin coordenadas para ocultar que el pueblo se empieza a cansar de los límites, de las fronteras y de las habituales prácticas de sus prefectos, policías, gendarmes, carabinieris, securité, o como sea que llamen a sus desclasados de reglamentaria y uniforme. Todos, aquí y allá, fusiladores de pobres, por orden y cuenta de la burguesía.

Presentación de "Represión en democracia": Neuquén

2009-07-29T12:11:00.000-07:00

Cobertura prensa de Diario 8300:
Vínculo a las notas

Gatillo fácil de Juan Cruz Marques: el macabro juego de las diferencias

2009-07-25T09:12:00.000-07:00

El 19 de julio, Juan Cruz Marques(26), fue fusilado en Zárate por el policía Pablo Sanhuesa . A contrapelo de lo que suele suceder con la veintena de casos similares que ocurren por mes, todos los medios cubrieron el caso, y desde el jefe de la departamental hasta el gobernador Scioli se mostraron consternados por el hecho.

Supongamos que Juan Cruz Marques, en lugar de un estudiante de periodismo deportivo, hubiese sido un “fierita”. ¿El asesino Sanhuesa sería un policía alienado de la fuerza?

Supongamos que en lugar de venir de celebrar el día del amigo, el “fierita” viniera puesto y sin rumbo. ¿El policía asesino Sanhuesa sería una mancha negra para la institución?

Supongamos que, en lugar de estudiar periodismo, el “fierita” transcurriera entre la esquina y las nubes. ¿El policía asesino Sanhuesa sería un error imperdonable del sistema?

Supongamos que la única fotografía que pudiera mostrarse del “fierita” fuera la del "prontuario" . ¿El policía asesino Sanhuesa sería el reflejo de una conducta personal por la que su jefe sentiría vergüenza?

De algunas cosas estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera tenido tiempo, el tiro le hubiese entrado por la espalda, como al “fierita”. Pero a diferencia del “fierita”, a su lado no hubieran florecido las armas no aptas para el disparo. Si Juan Cruz hubiera pedido clemencia, tendría más de un tiro sobre su cuerpo, como el “fierita”. Pero, a diferencia del “fierita”, no hubieran dicho que previamente gritaron alto policía.

De otras cosas más estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera sido el “fierita”, su fusilamiento no hubiera tenido la cobertura mediática que tuvo, ni se hubieran escuchado las reacciones hipócritas del jefe policial Baratta y el gobernador Scioli.

A diferencia del caso del “fierita” -en el que hasta sería posible que el asesino Sanhuesa peleara una figura culposa y pasara su proceso en libertad- aquí tendrá la perpetua que merece.

La madre de Juan Cruz fue clara y valiente ante la desvergüenza del jefe de Sanhuesa, que no acepta su definición. Dijo: "es un caso de gatillo fácil". Con todo el dolor reciente instalado, dijo lo que decimos siempre. La diferencia con la madre del “fierita”, es que a ella la publican.

De lo que no tenemos ninguna duda:
Sanhuesa es un policía que no se diferencia del estado que lo estimula. La policía no se diferencia.

Presentación de "Represión en democracia":Olavarría

2009-07-18T14:15:00.000-07:00

Fotografía Diario El Popular.
Edición 18 de julio de 2009.
"El gatillo fácil al centro el debate durante la presentación de un libro
El salón de Librería Insurgente estaba repleto. La mayoría de los asistentes eran muy jóvenes. Se presentó el libro "Represión en democracia", de la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú. Hubo dos disertaciones y un intercambio muy rico con el público."Nota completa

"Represión en democracia" disponible en librería on line

2009-07-10T08:09:00.000-07:00

Para acceder a la compra, hacer clic en el título de esta entrada.

Presentación de "Represión en democracia": Rosario

2009-06-14T10:47:00.000-07:00

Agradecemos al compañero Alejandro Benedetti de la Agencia John Reed

JUICIO A LA POLICÍA DEMOCRÁTICA SUPENDIDO

2009-05-13T20:26:00.000-07:00

Después de cuatro años de lucha…

Miguel vivía en Moreno, en el barrio El Satélite.

Miguel puede ser tu hijo…

Miguel podés ser vos….

A casi cuatro años del asesinato de Miguel Da Silva (15), en los juzgados de Mercedes el 14 de mayo iba a dar inicio al juicio oral contra el policía Juan Sebastián Álvarez quién fusiló de un tiro al estudiante secundario. El oficial, de tan sólo 28 años de edad, es un claro exponente de esta policía que, lejos de accionar bajo los "vicios" arrastrados desde la dictadura, actúa coherentemente con la función que cumple en esta democracia.
POR AUSENCIA DE FISCAL, EL PODER JUDICIAL INFORMÓ EL MISMO DÍA AL CENTENAR DE COMPAÑEROS MOVILIZADOS, QUE EL JUICIO SE SUPENDÍA SIN NUEVA FECHA.
Si en lugar de ser el juicio al policía que fusiló a Miguel, hoy hubiera sido el juicio contra Miguel, acusado por haber robado la cadenita y el celular a la maestra, dos cosas serían diferentes:
El estaría preso, no libre como el policía Álvarez.
Rápidamente hubieran encontrado otro fiscal y no se hubieran privado de condenarlo.

BASTA DE GATILLO FÁCIL BASTA DE IMPUNIDAD

30 de abril 20:30 hs hotel B.A.U.E.N. Presentación

2009-04-20T15:29:00.000-07:00

CORREPI invita a la presentación del libro de nuestra compañera María del Carmen Verdú :Represión en democracia."De la primavera alfonsinista" al "gobierno de los derechos humanos". Ediciones Herramientas.

"El libro de María del Carmen Verdú es como una liberación, porque descubre los mecanismos de la dominación. Expone hechos y razonamientos con gran claridad y los utiliza para mostrar con contundencia las trampas y encubrimientos de las diabólicas "historias oficiales", preparadas por las policías y mantenidas por los tribunales, en el marco de la nefasta "guerra contra la delincuencia". Desde el entendimiento cabal de la política represiva, que atrapa invariable y mayoritariamente a los integrantes de grupos sociales desfavorecidos, permite replantear la búsqueda de la libertad, que no está dada ni mucho menos y que hay que ganarla y defenderla cada día" Ricardo Canaletti, periodista de TN-Canal 13.

Imágenes de la presentación realizada -Fotos:CORREPI y Nicolás Solo por Indymedia

Prefacio de Osvaldo González:

Después de leer este libro, es difícil –a menos que se opte por ser actor de la represión estatal– no mirar nuestro actual entramado institucional y político, y a nuestros gobernantes, como instrumentos de una gran comedia, cuyas palabras mitológicas, justicia, orden, seguridad, derecho, paz, democracia, son sólo una parte más del decorado: telones que encubren una horrible trastienda. Cuando toman tierra las conclusiones del estudio de María del Carmen Verdú, basado en su propia actividad de casi veinte años desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, se ve que la columna sostenedora de tal represión es la clase explotadora del trabajo, la burguesía, que nutrió su vida dominante en el país durante los años de democracia con algunas variaciones formales respecto de las épocas de dictadura, pero sirviéndose siempre de la acción de las fuerzas represivas (militar, policial, etc.), de la Justicia y de la administración penitenciaria, y agregando, en época democrática, el manto de las leyes parlamentarias.

El discurso electoral de Alfonsín, cargado de derechos y garantías constitucionales, no fue óbice para reprimir en Campo de Mayo y masacrar en la Tablada; Menem reprimió con policía y gendarmería en todas las puebladas de los años de su gobierno, asesinando manifestantes en Ushuaia, Salta y Jujuy; el gobierno de la Alianza comenzó con la masacre del puente de Corrientes y siguió reprimiendo hasta asesinar a 38 personas el 19 y 20 de diciembre de 2001; la represión selectiva sobre los militantes siguió con Duhalde y el asesinato de Kosteki y Santillán y continúa en el kirchnerismo, y seguirá después con el gobierno que venga. Al mismo tiempo, cada uno de ellos ha sostenido e incrementado la represión “preventiva” para el pueblo, por medio de las detenciones arbitrarias, gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías, incluyendo la acción de los escuadrones de la muerte.

La masacre de Ingeniero Budge, la muerte del soldado Carrasco en Neuquén, la detención y muerte de Walter Bulacio, el asesinato por torturas de Sergio Durán en Morón, la masacre de Wilde, etcétera, marcaron el comienzo de importantes movilizaciones contra la policía asesina encabezadas por CORREPI, ninguneada por la izquierda y por las viejas organizaciones de derechos humanos, que no reconocían en esos sucesos la expresión de una política de Estado y reproducían, con variantes, el discurso represor.

En ese camino de denuncia y lucha, CORREPI tuvo que defenderse de muchas presiones. Sus militantes han tenido que enfrentar aprietes, seguimientos, amenazas telefónicas, detenciones y otras formas de persecución política. ¿Cómo no iba a ser así para una organización que tomó la defensa de centenares de casos de asesinatos policiales en el país, destacándose sus militantes por enfrentar nada menos que a la “maldita policía”, a los jueces y a los políticos del capital que la sostienen?

Hubo, también, otras tentaciones. El rechazo a las propuestas para convertirla en una ONG fue, quizás, la más importante salida a una desaparición segura por vía de aceptar los subsidios del Estado para sobrevivir condicionada. Subsidios, justamente, provenientes del Estado mecenas del gatillo fácil y las torturas.

Había subsidios más sutiles, que provenían de la socialdemocracia europea y sus universidades, que muchas organizaciones de derechos humanos de la Argentina han aceptado. Eso sí, teniendo que consentir, por ejemplo, al “paladín de los derechos humanos” en España, al “superjuez” Baltazar Garzón, aclamado por los medios de comunicación y aupado ante la opinión pública española como prototipo de juez honesto, valiente e independiente. Muchas organizaciones de derechos humanos tradicionales se detuvieron a componer sus aparatos con estos subsidios. Así se llegó a convertir en kirchneristas a las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones, a las que convino colocarse bajo la férula de la subordinación a la política y el dinero oficial.

Pero CORREPI se fortaleció diciendo “no” a los subsidios de la socialdemocracia europea y “no” a Garzón, por conocer que este juez ampara las torturas a todo tipo de presos políticos, en especial a los independentistas vascos, y es pionero en el uso de la política “de DDHH” limitada a las dictaduras de hace 30 o 50 años para ganar consenso en su política represiva actual, que incluye la persecución de organizaciones enteras, el cierre de diarios, radios, y todo organismo vinculado a las luchas populares.

Los que intentaron introducir a CORREPI en los manejos turbios del Estado capitalista y sus partidos, no pararon. ¡Cuantas veces debió rechazar, María del Carmen Verdú, soterradas propuestas para utilizar su rol militante y mediático para colocarse como candidata a diputada o legisladora porteña, o para legitimar organismos estatales de “defensa de los DDHH”!.

Probablemente la batalla más grande por la dignidad de CORREPI, de sus militantes, ha sido la de mantener los principios y la militancia antirrepresiva, de manera honesta, en contra del gobierno kirchnerista. Porque ha sido el gobierno que utiliza el encarcelamiento de algunos militares asesinos, a los que todavía les queda algo de vida, y la inauguración de una que otra plaza y monumento recordatorio de los desaparecidos para sostener su política represiva. Bajo su gobierno, desapareció un testigo de los crímenes de lesa humanidad, Julio López; se han repetido asesinatos en movilizaciones como en los casos Cuéllar, Fuentealba y Erazo; se sumaron los presos políticos, a la vez que se intensificaron los muertos por el gatillo fácil y la tortura, llegando a más de mil de 2003 a 2008.

“La represión en democracia” sintetiza muchos años de experiencia y militancia antirrepresiva. La importancia del libro es la conclusión teórica sobre el Estado represivo y su relación con los partidos “democráticos”. Los partidos del capital han armado un Estado represivo tal, y han puesto un enemigo tal en la mira, que cualquiera sea el que acceda al control de las palancas institucionales, y por más democrático que sea su discurso electoral, una vez asumido, no dejará de aplicar la represión de acuerdo a las necesidades del capitalismo en cada etapa.

Osvaldo González

Por Walter Bulacio y los más de 2600 pibes asesinados por la represión estatal

2009-04-19T19:00:00.000-07:00

Música en su homenaje:

Archivo 2008: REPRESIÓN DEL ESTADO -Gráficos y comentarios (II)-

2009-03-24T16:53:00.000-07:00

El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
Mientras, en voz alta, el gobierno dice que finalmente cumplirá la sentencia del Caso Bulacio, cediendo a la orden de la Corte IDH de eliminar el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, con sordina, pero sistemáticamente, esas mismas facultades se han visto ampliadas y fortalecidas en casi todos los distritos del país, y muy especialmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La averiguación de antecedentes y los códigos de faltas, principales herramientas represivas para el control social, gozan de perfecta salud en todo el país. Es tan alevoso el uso indiscriminado por las policías de “prácticas inveteradas” que, sin base normativa alguna, permiten la detención ilegal de menores de edad, que un juez contencioso administrativo de La Plata tuvo que decretar su inconstitucionalidad, y señalar a la policía que sólo puede detener menores de edad que estén sospechados de haber cometido un delito. Parece verdad de Perogrullo, pero es así: un juez tuvo que recordarle a la policía que, para detener un menor de edad, tiene que tener una causa. De inmediato, los abogados de la Provincia de Buenos Aires apelaron, y ya fue suspendido el fallo, que apenas se atrevía a decir que los policías deben cumplir la ley, y no inventar leyes que no existen...

En el ámbito federal, mientras se discute por enésima vez la posibilidad de convertir en penalmente responsables, como si fueran adultos, a chicos de 14 años, la Corte Suprema ordenó que 60 pibes, detenidos sin condena penal en el Instituto San Martín, sigan presos, pues, como dijo la ministra Carmen Argibay, uno de los faros derechohumanistas del actual gobierno, “esos chicos están marcados, dejarlos ir en libertad es ofrecer 60 blancos móviles al gatillo fácil policial”. Vaya con las prioridades de la celebrada jueza, que prefiere tenerlos presos, aunque sean inocentes, “para protegerlos”, al mismo tiempo que reconoció que, en los barrios, los pibes chorros son explotados por la propia policía, que los extermina cuando quieren “abrir la boca”. Otra verdad de Perogrullo, que se completa con la afirmación rotunda, confirmada cada día, de que el aparato represivo estatal, además de explotar al “chiquitaje” delincuencial, es el que dirige, gerencia y protagoniza el crimen organizado en Argentina.
La misma Corte viene sosteniendo que la tortura, no es un crimen de lesa humanidad ni compromete la responsabilidad del estado cuando ocurre en democracia, porque, según la Corte, los gobiernos constitucionales no torturan sistemáticamente. Será cierto, entonces, como dicen las eternas versiones oficiales, que todos los muertos en cárceles y comisarías son depresivos suicidas o repentinos descompensados, y que los miles de presos que, transidos de dolor, denuncian tormentos a diario, sólo son viles individuos que buscan “mejorar su situación procesal autolesionándose”, como les gusta decir a los jueces.

Archivo 2008: REPRESIÓN DEL ESTADO -gráficos y estadísticas-

2009-03-23T05:31:00.000-07:00

El índice de muertes a manos del aparato represivo del estado ha sido siempre creciente desde que confeccionamos el Archivo (ver
Gráfico nº 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:

1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero, se destacan en este “rubro”, que nuevamente ocupa el segundo puesto, secundando al gatillo fácil como modalidad de exterminio sistemático. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

CANTIDAD DE CASOS DURANTE LAS DOS GESTIONES KIRCHNER
(Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 30/11/2008)

El gobierno de los Kirchner, en conjunto, lleva más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura en 66 meses de gestión. Desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, el matrimonio presidencial, el ministro Aníbal Fernández, sus fuerzas de seguridad, y los gobiernos provinciales y las fuerzas provinciales, nos han matado un pibe día por medio. Dieciséis por mes. No hay parangón para esa cifra en ninguno de los gobiernos anteriores desde 1983, y la tendencia se mantiene, al punto que hoy, con el Archivo 2008 cerrado al 30 de noviembre, ya son cuatro los casos ocurridos en el corriente mes de diciembre, que serán publicados con la actualización de 2009.
Presagiábamos, al presentar el Archivo 2007 al mismo tiempo que se inauguraba el nuevo gobierno, que habría más represión este año. Doce meses después, los números del archivo y la realidad cotidiana dicen que no nos equivocamos entonces, ni lo hacemos ahora, al augurar mayor represión para el futuro inmediato.
El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
MODALIDADES (Gráfico nº 3, sobre total de casos)

Del estudio de los datos objetivos surge como una de las conclusiones que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo, sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.

También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.

Pero no sólo con la represión preventiva nos castiga este gobierno. La represión selectiva, dirigida a la misma clase trabajadora cuando ya se ha comenzado a organizar, está también en plena forma. Si Néstor Kirchner terminó su mandato con dos muertos en la protesta social, Luis Cuéllar (2003) y Carlos Fuentealba (2007), su esposa ya tiene el primero de su gestión, Juan Carlos Erazo, el trabajador del ajo asesinado a golpes por la policía mendocina durante una huelga. Presos políticos, represión a cuanta manifestación se produzca (salvo que sean las del “campo” contra el gobierno, o del gobierno contra el “campo”), militarización de ciudades y lugares de trabajo, uso permanente y creciente de patotas sindicales o grupos de choque del PJ, son sólo algunas de sus vertientes.

Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura. Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado este año 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.

En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes llega al punto de mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de cinco años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.

24 DE MARZO 14 hs ACTO PLAZA CONGRESO

2009-03-22T15:09:00.000-07:00

CORREPI Acto y marcha 24 de marzo 2009

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En dictadura o democracia , diferentes modalidades y expresiones de una única política de estado que encuentra su origen en la necesidad del estado burgués -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.
La plena vigencia de los derechos humanos no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo, como no puede haber otro mecanismo de distribución de la riqueza.

Los defensores del estado de derecho, de la gobernabilidad democrática, de la legalidad, se horrorizan cuando descubren un pedacito de esta realidad, y se desesperan cuando les decimos que no hay plan alternativo posible, que esto es así, y lo seguirá siendo, mientras vivamos en una sociedad dividida en clases.

No hay otro camino, para el pueblo trabajador, que la organización independiente, y la lucha consecuente.

CARCELES Y COMISARIAS: CENTROS LEGALES DE TORTURA

2009-03-09T02:56:00.000-07:00

68 seres humanos murieron bajo tutela estatal, tal lo registrado en nuestro Archivo 2008 y 22 en lo que va de 2009. Esta es la política represiva que el gobierno "de los derechos humanos" agudizará en los centros de detención con prácticas de torturas y homicidios contra los pobres:

El video muestra los últimos 10 minutos antes de que José Castro Moya sufriendo triple fractura de cráneo al caer al suelo y rebotar en el piso, inducido por las palabras de un comisario de apellido Vélez, de Ushuahia y del personal de la división servicios especiales, todos cubiertos con pasamontañas.

En el video, mientras estaba aun colgado,José cuenta como el 24 de diciembre, por pedir ver a su familia, lo torturaron y lo encerraron en un congelador. Su madre declaró que el 2 de enero "hizo una presentación en el juzgado" con fotos, pero como suele ocurrir, las notificaciones en el penal se las retacearon para que no avanzara la denuncia.

Estaba detenido hacía mas de 10 años. Cumplía condena en el penal de Ushuahia hasta que fue trasladado a Río Grande, separado de su familia que allí residía.
Como era materialmente imposible que su esposa lo visitara con una hija recién nacida, inició una medida para hablar con el jefe de la unidad y pedir su traslado. Se trepó a un tinglado a más de 10 metros de altura, sin intenciones de suicidarse ya que se había atado a una cuerda, tenía una frazada para cubrirse del frío e incluso había llevado una botella para orinar.

Al minuto 8.15 del video, se ve como mientras le apuntan con una escopeta, le dicen “si quiere tirarse, la red es segura” o con voz de mando, le recomiendan: "tírese tranquilo que la red es segura".

José se suelta y su cuerpo impacta contra el suelo. La red estaba pero a metros de donde cayó.

Semanas mas tarde, fallece luego de estar en terapia intensiva.

Desde la justicia informaron que se ha comenzado una investigación para deslindar o no responsabilidades al personal policial que actuó en la Unidad de Detención Nº 1. La madre de José Castro Moya, responsabilizó directamente al Director del Penal, José Ojeda, como así también al juez García Arpón de la ciudad de Ushuaia.

LA LUCHA CONTRA LA REPRESION ES UNA Y TRAE VICTORIA

2009-02-27T18:03:00.000-08:00

Nuestros compañeros, enviados por CORREPI a Las Heras, nos informan que los seis trabajadores petroleros presos por luchar desde hace tres años, han sido LIBERADOS.
Desde CORREPI celebramos esta victoria fruto de la movilización y la concientización de la población y convocamos a todos los trabajadores a organizarce y luchar contra la represión estatal que en forma selectiva y preventiva, atenta contra los pobres.

LAS HERAS A 3 AÑOS DE LA MILITARIZACIÓN Y REPRESIÓN

2009-02-23T11:17:00.000-08:00

A TRES AÑOS DE LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS, MARCHA EN CAPITAL FEDERAL EL MARTES 24 DE FEBRERO A LAS 18HS EN EL OBELISCO.

LIBERTAD A LOS 6 TRABAJADORES PETROLEROS, PRESOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE LOS DERECHOS HUMANOS.

A comienzos de 2006, mientras Kirchner discurseaba sobre las atrocidades cometidas 30 años atrás por la dictadura militar y decretaba el feriado del 24 de marzo, sus fuerzas de seguridad eran alistadas para aplastar, con los mismos métodos, la protesta de los trabajadores petroleros de la ciudad santacruceña de Las Heras. Entre los reclamos figuraban la eliminación del “impuesto a las ganancias” -que se descontaban a los trabajadores, no a las empresas petroleras que amasan fortunas-, el reencuadramiento sindical y el blanqueo de todos los trabajadores en negro.
La detención por parte de la policía provincial de un referente sindical movilizó a gran parte del pueblo que se concentró en la comisaría para exigir su liberación. Tras la represión, que dejó el saldo de un policía muerto de los tantos enviados por el ex jefe de la SIDE y entonces gobernador Sergio Acevedo, la respuesta del gobierno nacional fue contundente: Kirchner y Aníbal Fernández enviaron a la SIDE y la Gendarmería , pertrechados con tantas armas y municiones como habitantes tiene la provincia de Santa Cruz, para garantizar la explotación y las ganancias de las empresas petroleras.
Las acciones represivas coordinadas entre la policía provincial, los 2000 efectivos de Gendarmería y la SIDE , bajo las órdenes de Kirchner y la jueza Graciela Ruata de Leone, consistió en la militarización de la ciudad de Las Heras, con una brutal cacería en la que las fuerzas de seguridad del “estado de derecho”, en medio de apagones generalizados, secuestraron, detuvieron y torturaron a trabajadores y sus familias para que se autoincriminen o dieran los nombres de quienes habían participado en la pueblada. Las empresas que habitualmente reciben los favores del aparato represivo del estado colaboraron bloqueando las vías de comunicación, dejando aislado al pueblo, durante los secuestros y las torturas, sin telefonía celular ni Internet.
Desde entonces permanecen detenidos, dispersos en distintas alcaidías provinciales y alejados de sus familias, los trabajadores Darío Catrihuala, Hugo González, José Rosales, Juan Pablo Bilbao, Ramón Cortéz y Alexis Pérez

La jueza Ruata de Leone, argumentando la supuesta “complejidad de la causa” y sin ninguna prueba concreta que vincule a los detenidos con la muerte del policía Sayago, los mantiene encarcelados con la arbitraria excusa de que “habrían estado en el lugar de los hechos”, al igual que las 1500 personas que ese día se movilizaron.
Dos años después, superado el plazo previsto para la prisión preventiva y habiendo sido los trabajadores beneficiados con el derecho a una detención morigerada, el gobernador Daniel Peralta, títere de turno de los Kirchner en su feudo consideró este derecho como “inadmisible”, y la jueza Ruata de Leone, demostrando la independencia del poder judicial, los encarceló nuevamente.
A las denuncias sobre torturas y secuestros sufridas por los trabajadores se suman las de detenciones arbitrarias, agresiones, intimidaciones, golpizas y violaciones por parte de efectivos de Gendarmería hacia los jóvenes de la ciudad sitiada.
Exigimos, una vez más, al gobierno nacional y al de Santa Cruz la inmediata libertad de los seis trabajadores y el cese de la represión y los amedrentamientos.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
AMNISTÍA A LOS MÁS DE 6000 PROCESADOS POR RAZONES POLÍTICAS
BASTA DE REPRESIÓN-BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA

Manual para trabajadores

2008-12-18T11:54:00.000-08:00

Las represiones a manifestaciones y medidas de lucha son cotidianas en nuestro país, resultando a veces en feroces persecuciones como en Las Heras, e incluso con la muerte de compañeros. Así mismo son miles ya los chicos, hijos de barrios pobres y trabajadores que han sido torturados y asesinados. Desde CORREPI creemos que no hay mejor forma para frenar la represión que organizándonos para enfrentarla. Por eso llamamos a todas las organizaciones gremiales y sociales a incorporar el problema represivo a sus agendas de discusión y destinar un compañero para especializarse en el tema.

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12 de diciembre 17 hs Plaza de Mayo

2008-12-11T10:09:00.000-08:00

Afiche

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Como todos los años, nuestra organización realizará el próximo viernes 12 de diciembre, a las 17:00, en Plaza de Mayo, el acto de presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por la represión estatal en el último año.

Como lo hicimos bajo los gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rua, Duhalde y Kirchner, este año, junto a los familiares de víctimas de la represión policial institucional, expondremos, con la crudeza de los datos y números, que el actual gobierno lleva asesinados más de un millar de pibes de nuestro pueblo con el gatillo fácil y la tortura.

El año pasado, en esta misma fecha, decíamos que el gobierno que venía, con Cristina Fernández a la cabeza, traería consigo la profundización de la represión. No nos equivocamos. Además del uso sistemático del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías, se han incrementado las detenciones arbitrarias, y vemos a diario cómo la represión se descarga sobre los trabajadores y sus organizaciones, a través de la coerción directa, o la más sutil pero efectiva utilización del aparato judicial.

También como todos los años, estamos convocando a todas las organizaciones y compañeros del campo popular acompañarnos en esta actividad, cuyo eje central es la denuncia de la política represiva del estado argentino en cualquiera de sus variantes, la del control social sobre los sectores sociales más vulnerables con el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, y la que se descarga contra esos mismo sectores organizados, bajo la forma de la represión política, la persecución, las amenazas, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento por razones políticas.

Les pedimos que nos confirmen si su presencia y participación puede ser posible.

Los convocamos, compañeros:
FRENTE A LA REPRESION, ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Desde las 14 Radio abierta y muestra cultural de militantes y Grupo de Arte Popular.

FESTIVAL ANTIRREPRESIVO

2008-12-10T16:12:00.000-08:00

CORREPI Festival Antirrepresivo

Este domingo 21 de diciembre, CORREPI, organiza un festival para recaudar fondos para continuar su tarea.

Se presentaran Karamelo Santo y otras bandas: Alejandro Correa,Pablo Carvalho y Kontrakara, en el teatro Verdi de La Boca, Av. Almirante Brown 736, a las 16 horas, donde también podes comprar la entrada el día del festival.

La venta anticipada de entradas, se realizará en los locales de Locuras de Once, además se solicitan alimento no perecederos, ropa para niños/as y personas adultas, estas donaciones serán destinadas para la organización COR.

El estado tiene una política con los menores pobres: reprimir y reprimir

2008-11-17T06:29:00.000-08:00

Columna de nuestra compañera María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller los sábados de 18 a 20 por Radio de la Ciudad AM 1110 emitido el 08/11/08.

Manual Ilustrado del Pequeño Detenido. Nueva edición.

2008-10-26T15:20:00.000-07:00

Como lo venimos haciendo desde el año 1992, invitamos a reproducir y discutir el nuevo manual en barrios, colegios y facultades a compañeros y organizaciones sociales y políticas. En todo el país se han realizado adaptaciones a los diferentes códigos o leyes provinciales. Consultanos.

Manual Del PequeñO Detenido 2.0

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Masacre de Magdalena y realidad carcelaria

2008-10-20T14:07:00.000-07:00

Mural masacre de Magdalena

Click acá para ver el trabajo del mural

El pasado 15 de octubre se cumplieron tres años de la Masacre de Magdalena. Ese día, 33 jóvenes, entre 20 y 30 años, fueron asesinados en la Unidad Penal Nº 28 de esa localidad. Tras un incendio generado en el pabellón Nº 16, el Servicio Penitenciario trabó las puertas y reprimió a los presos alojados en pabellones vecinos que intentaban salvar la vida de sus compañeros. Los extintores se encontraban vacíos y el motor de la boca de incendio desconectado.
Aunque lo quieran adjudicar a falta de presupuesto, errores humanos, falta de formación de los penitenciarios, o maldad congénita de uno o dos uniformados, los sucesivos hechos confirman que la muerte de pobres es una efectiva y sistemática política de estado ejecutada en penales superpoblados. Sólo los casos más recientes son los 14 internos muertos en el penal de Coronda en 2005, o los 39 muertos en la Unidad 1 de Santiago del Estero en noviembre de 2007, en circunstancias similares a las de Magdalena.
Los 15 integrantes del SPB, procesados por abandono de persona calificado, homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público, están excarcelados. Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, estos hechos son crímenes de estado, además de graves ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos, pese a ello, están en sus casas.
Treinta de los asesinados, igual que el 70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, no estaban condenados. La presunción de inocencia no se aplica cuando el acusado es pobre, y es detenido “preventivamente” . No sucede los mismo con los integrantes de las fuerzas de seguridad que asesinan con la tortura o el gatillo fácil. Como el primer delito es ser pobre, las cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como deshechos humanos, en las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa, sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud, lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus carceleros con el aval y la promoción por parte del poder ejecutivo y el judicial.

¿Qué quiere decir inseguridad?

2008-10-09T21:52:00.001-07:00

Columna de nuestra compañera María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller los sábados de 18 a 20 por Radio de la Ciudad AM 1110 emitido el 23/08/08.

(...)A juzgar por lo que dice la TV -y repite no poca gente- nuestra seguridad ha dejado de depender del hospital, el colegio, el salario o la jubilación y ha quedado, exclusivamente, en manos de dos bandos aparentemente en guerra: delincuentes y policías.

La palabrita “seguridad” cambió su significado, y sólo refiere a los delitos. Ni siquiera a cualquier delito, porque no se aplica a la “inseguridad” que generan los funcionarios corruptos, los policías torturadores o de gatillo fácil o los curas pedófilos amigos de los presidentes.

Sólo a los delitos contra la propiedad, que no vamos a negar que existen, y en ocasiones con mucha violencia, pero que son el segmento de menor grado de impunidad real, son los que llenan las cárceles. El 80% del total de presos de todo el país están procesados o condenados por delitos contra la propiedad (...).

Los gerenciadores del delito

2008-10-09T19:41:00.000-07:00

Columna de nuestra compañera María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller los sábados de 18 a 20 por Radio de la Ciudad AM 1110emitido el 2/8/2008.

“... la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata..."
Rodolfo Walsh, en su nota titulada “La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza”, publicada en 1969 en la revista de la CGT de los Argentinos.

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“Lo que rescato de esto es que si se lucha, si se sigue adelante y no se bajan los brazos, podemos lograr cosas importantes".Estela Velázquez

2008-10-07T11:48:00.000-07:00

(extracto)Al 30 de julio pasado, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional había acumulado 20 cadenas perpetuas y 628 años de cárcel, sumando a miembros de la Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería y Prefectura condenados por torturas o asesinatos. El organismo tiene más de 15 años de militancia en el campo de los Derechos Humanos, por fuera de la política. Su objetivo está fijado en desarticular lo que en el imaginario popular quedó instalado como "gatillo fácil", que no es sino una serie de argumentos (socioeconómicos, culturales) que defienden la teoría de la seguridad para la comunidad hasta ponerse del otro lado de la ley. Tres condenas emblemáticas de este 2008 sirven como ejemplo de esta dicotomía entre lucha popular y gatillo fácil. Dos bandos irreconciliables mezclados en un espacio donde la pobreza y la corrupción forman un cóctel mortífero.(...)

Textos: Willy GALFRE

Se sabía, se sabía, que a Walter lo mató la policía

2008-10-05T05:05:00.000-07:00

Columna de nuestra compañera María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller los sábados de 18 a 20 por Radio de la Ciudad AM 1110
emitido el 16/08/2008.

Cliqueá acá para ver video -> CASO BULACIO A 17 AÑOS
Cliqueá acá para ver video -> MARCHA POR BULACIO 2008

EL ESTADO MATA UN JOVEN CADA CUARENTA HORAS POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS O POR GATILLO FÁCIL: NUNCA EL VICTIMARIO PODRÁ DISFRAZARSE DE VÍCTIMA

II Parte: ¿Que hago si detuvieron a mi familiar?

2008-10-04T19:06:00.000-07:00

Muchas veces la “causa” de la detención la fabrican una vez que la persona está en la comisaría. Llegar rápido y preguntar el motivo del arresto, ayuda a que salga en libertad más rápido.

I Parte: Averiguación de Antecedentes y otras causas

2008-10-04T18:59:00.000-07:00

UNA PERSONA PUEDE SER DETENIDA:

- por AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD o de ANTECEDENTES (“doble A” o AA”)

- por el CÓDIGO CONTRAVENCIONAL o el CÓDIGO DE FALTAS

- por un DELITO

LO QUE HAY QUE SABER SI TE DETIENEN

2008-10-04T18:15:00.000-07:00

Cuando nos enteramos que alguien está detenido, generalmente no sabemos qué hacer. Pensamos en llamar un abogado, pero la hora o la distancia hacen que pase mucho tiempo, y mientras tanto, puede estar siendo golpeado. Hay mucho que podemos hacer, si sabemos algunas cosas sencillas y estamos organizados para defendernos rápido.

EPÍLOGO