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| Mural masacre de Magdalena |
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El pasado 15 de octubre se cumplieron tres años de la Masacre de Magdalena. Ese día, 33 jóvenes, entre 20 y 30 años, fueron asesinados en la Unidad Penal Nº 28 de esa localidad. Tras un incendio generado en el pabellón Nº 16, el Servicio Penitenciario trabó las puertas y reprimió a los presos alojados en pabellones vecinos que intentaban salvar la vida de sus compañeros. Los extintores se encontraban vacíos y el motor de la boca de incendio desconectado.
Aunque lo quieran adjudicar a falta de presupuesto, errores humanos, falta de formación de los penitenciarios, o maldad congénita de uno o dos uniformados, los sucesivos hechos confirman que la muerte de pobres es una efectiva y sistemática política de estado ejecutada en penales superpoblados. Sólo los casos más recientes son los 14 internos muertos en el penal de Coronda en 2005, o los 39 muertos en la Unidad 1 de Santiago del Estero en noviembre de 2007, en circunstancias similares a las de Magdalena.
Los 15 integrantes del SPB, procesados por abandono de persona calificado, homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público, están excarcelados. Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, estos hechos son crímenes de estado, además de graves ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos, pese a ello, están en sus casas.
Treinta de los asesinados, igual que el 70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, no estaban condenados. La presunción de inocencia no se aplica cuando el acusado es pobre, y es detenido “preventivamente” . No sucede los mismo con los integrantes de las fuerzas de seguridad que asesinan con la tortura o el gatillo fácil. Como el primer delito es ser pobre, las cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como deshechos humanos, en las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa, sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud, lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus carceleros con el aval y la promoción por parte del poder ejecutivo y el judicial.
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