GATILLO FÁCIL: ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS

Desde fines de los ’80, la expresión “GATILLO FÁCIL”, que en sentido estricto refiere sólo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como “enfrentamientos”, cuyas víctimas son, casi siempre, jóvenes pobres, se popularizó tanto que a veces se la usa como comprensiva del conjunto de las variantes represivas policiales.

La política de gatillo fácil conforma, junto con el sistema de detenciones arbitrarias y la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías, una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable, que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos, potenciados por la naturalización y la invisibilización.

A diferencia de la represión política, que selecciona cuidadosamente sus blancos, la represión preventiva, con herramientas como el gatillo fácil, se abate en forma aparentemente indiscriminada sobre la población, con un alto grado de selectividad que no es otro que la pertenencia de clase.

El gatillo fácil, la aplicación sistemática de torturas a detenidos legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son las tres modalidades básicas de esa forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante.

Junto a esta vertiente represiva que llamamos “preventiva”, y que suma 2.950 asesinados desde diciembre de 1983, distinguimos la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado. La represión directa en movilizaciones (que nos ha costado 54 compañeros caídos desde 1995); las tareas de inteligencia; la promoción de causas judiciales sobre militantes y su consecuencia más grave, los presos políticos, constituyen la otra cara de las políticas represivas del estado, que se manifiesta con mayor intensidad en la medida que avanzan la conflictividad social y la organización popular, y que, para algunos, es percibida, como “política de estado” con mucha mayor facilidad que la que se descarga sobre los pobres no organizados al amparo de la naturalización y el silenciamiento.

La semana pasada, en Bariloche, vimos, primero, un típico caso de gatillo fácil, con el fusilamiento policial de Diego Bonefoi. De inmediato, frente a la manifestación popular, dos manifestantes asesinados. El primer hecho responde a la modalidad “preventiva”, el segundo a la “selectiva". Dos modalidades de una única política de estado, que encuentra su origen en la necesidad del estado capitalista -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.

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BARILOCHE: BASTA DE GATILLO FÁCIL

BARILOCHE MOVILIZADO DICE: BASTA DE GATILLO FACIL, TORTURA Y PERSECUCIONES.


Durante todo el fin de semana largo, mientras se disputaban los partidos del Mundial, a cuentagotas los argentinos nos fuimos enterando por los medios lo que pasaba en Bariloche. Hace unos días, un pibe fue asesinado por un policía que integraba el BORA, la brigada de despliegue rápido que ya mató a varios pibes en esa ciudad. Esta vez asesinó a Diego Bonefoi (16), un pibe de una barriada popular del Alto de Bariloche. Con la excusa de “identificarlo”, un policía, cuya identidad ha sido celosamente preservada, le atravesó el cráneo con una bala9 mm.
La respuesta de las barriadas del Alto de Bariloche no se hizo esperar. Los habitantes de los barrios pobres de Bariloche, que bien saben de tantos otros episodios similares, salieron a las calles, se organizaron y lucharon por Diego. La respuesta del gobierno fue reprimir, esta vez selectivamente, sobre los movilizados. Matías Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29) fueron fusilados durante la represión a la pueblada.
Tres pibes fusilados, 21 heridos, decenas de detenidos en las diferentes comisarías, la mayoría torturados, allí, en los calabozos frente al Centro Cívico y al monumento a Roca, mientras seguían reprimiendo la movilización popular. A un pibe le quebraron el brazo cuando le pisotearon la mano con los borceguíes, que dijeron “con esta ya no vas a poder tirar más piedras”. En el hospital le dijeron a los policías que necesitaba una intervención inmediata pero se lo llevaron nuevamente y lo mantuvieron detenido. Desde la celda, el chico escuchó a los policías deliberando: ¿Nos cargamos uno más? Se nos fue mucho la mano, ¿y si lo matamos? Otros pibes fueron gaseados dentro de la celda después de haber recibido golpizas.
La situación represiva en la ciudad no es nueva.En 2006, CORREPI publicó una serie de notas denunciando la situación de apartheid vigente en la ciudad de Bariloche, con los barrios del alto, los barrios obreros, militarizados bajo una represión constante para evitar que sus habitantes afeen con su presencia la zona céntrica, destinada a los ricos turistas. Describimos lo que sucede a diario en los ocho pasos para acceder desde los barrios de alto (El Frutillar, San Francisco, 34 Has., etc.) hacia el bajo, con sus casas de té y finas hosterías. En cada uno de esos pasos hay permanentes operativos cerrojo.
Insistimos muchas veces en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias ("excusadas" con la averiguación de antecedentes o el código contravencional), de golpizas, de operativos de la policía y del grupo especial BORA en los barrios, con o sin orden judicial, que en ese momento estaba a cargo del comisario Veroiza y hoy a cargo del comisario Carrizo.
Denunciamos entonces, el amedrentamiento y los ataques a los vecinos que se atrevieron a intentar organizarse contra la represión, como la vecina del barrio 34 Hectáreas, Blanca Grande, que perdió un ojo por un balazo de goma durante un operativo policial en 2006, y la sucesión de muertes a manos policiales, que suman medio centenar desde 1983, en una provincia con menos de 600.000 habitantes. Son los jueces del sistema y de la gran familia judicial, como Martín Lozada, quien tiene el record de no “incomodar” a ningún funcionario de las fuerzas represivas del estado, en las causas por gatillo fácil y represiones de todo tipo.
Río Negro es ejemplo de cómo un gobernador radical, adicto al gobierno kirchnerista, sostiene y avala al aparato represivo que le toca administrar. Fue el gobernador Sainz que llamó a una reunión a la Iglesia, los empresarios y la burocracia sindical para avanzar en acuerdos de “pacificación”. Fue Sainz quien le pidió, a Cristina Kirchner, por favor, para lograr ese objetivo, el envío de tropas de gendarmería. Es Sainz quien sostiene un ministro de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también Sainz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”.
Es la presidenta Cristina Kirchner quien le brindó todo el apoyo del gobierno “nacional y popular” y puso a su disposición a la gendarmería.
Es el estado argentino, gobierne quien gobierne, que sigue un plan sistemático de acción represiva.
Nuestra solidaridad a todos los que luchan, nuestro acompañamiento a los familiares de los chicos fusilados y a la sociedad de Bariloche, que se sigue movilizando para gritar BASTA DE GATILLO FÁCIL Y TORTURAS – BASTA DE REPRESIÓN.

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ESTADO DE EXCEPCIÓN EN CÓRDOBA

Durante el mes de mayo, se puso en práctica en la ciudad de Córdoba un “plan piloto” contra el narcotráfico que puede definirse, como lo denunciara la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, como un “estado de excepción”. De acuerdo a lo resuelto por los fiscales de turno en el mes, la policía provincial no necesita “cumplir tantas exigencias”, como contar con la orden fundada de un juez, a la hora de allanar un domicilio sospechoso. El fiscal Vidal Lascano lo definió así: “Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación”. En una palabra, ¿para qué perder el tiempo con esas boberías como las garantías procesales? Y, desde luego, con la bendición del gobierno nacional, ya que también gendarmería participa de los operativos.

Sobre el “estado de excepción” en Córdoba:
Cómo se reconstruye un estado terrorista

Cuando definimos al estado burgués como el estado mayor de la clase dominante, incursionamos en una terminología militar que encierra el más preciso y ajustado de los significados. Nada tiene que ver que la fachada asumida por ese estado se autoreferencie como democrático y de derecho o dictatorial y de facto.
Importa, esencialmente, a qué clase responde, qué intereses defiende y -de acuerdo a la etapa de acumulación capitalista en que se encuentra- de qué herramientas dispondrá para –siguiendo la misma terminología- definir al enemigo interior y establecer así las coordenadas para su combate.
Es que, más temprano que tarde, el estado capitalista desafiará su publicitada lógica de igualdad (la que dice que existe para mediar entre los muchos que nada tienen y los pocos que todo lo poseen) y la libertad (la que refiere que existe para equilibrar las cosas entre quienes resultan oprimidos y aquellos que los oprimen), para descargar, sobre los primeros de ambos grupos, la munición pesada de la represión disciplinadora.
La idea de un estado democrático en el sentido que se ha vulgarizado, autónomo de su naturaleza clasista, es así, la más compleja e inteligente distracción, el modo más ingenioso de sembrar cazabobos en el campo minado en que tensionan las clases.
Cuando en julio de 2007, en menos de una hora, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.268 (una de las llamadas “leyes antiterroristas”), la institucionalidad argentina se pintaba la cara.
Por expresas exigencias del Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI) y del FMI, con la excusa de declarar al país “confiable para las inversiones extranjeras”, se dotaba a las autoridades de herramientas y facultades excepcionales para combatir al terrorismo internacional y doméstico.
Presuntamente, la necesidad de terminar con episodios cuyo disparador se ubica en el 11S de EEUU, tornaba imperiosa la sanción de una ley marco que, incorporada al Código Penal, y con suficiente resorte procesal, confiere una serie de atributos investigativos y preventivos que jamás podrían convivir en un auténtico sistema constitucional-garantista-legítimo y además legal (que adelantamos, es de utópica formulación mientras existan sociedades divididas en clases).
La experiencia piloto que los compañeros cordobeses denuncian se resignifica en este contexto.
Más de un garantista, incluidos algunos jueces de la Corte Suprema, se la verán en figuritas para admitir que es propio del estado “neutral” que postulan, pinchar teléfonos, allanar e intervenir comunicaciones electrónicas o postales, sin orden judicial. Ni qué hablar de las prolongadas incomunicaciones a detenidos y hasta la resucitación de las facultades policiales para interrogar al sospechoso.
Lejos estamos de sorprendernos. En la cotidianidad estas prácticas son inveteradas. Ocurre que ahora, como en el caso de esta experiencia mediterránea, se han “legalizado” como prueba de cargo. Esto significa que, por obra y gracia de una alquimia política-administrativa-jurisdiccional, lo que antes era considerado un atropello insostenible desde un estado que se precia respetuoso de cuanto pacto, convención o declaración universal de derechos humanos existe (y que por eso obligaba a realizarlo clandestinamente), pasa a ser ahora un recurso incriminatorio legítimamente obtenido.
El estado capitalista, desata las manos de sus perros guardianes respondiendo al clamor de una opinión pública que inteligentemente confunden con el Pueblo, previamente acicateada, claro está, por una campaña de los medios de prensa, cómplices necesarios de sus arbitrariedades.
Refieren los compañeros cordobeses -con números que deberán sacudir la modorra intelectual de muchos que todavía ignoran o relativizan la magnitud y el carácter decisivo que asume la lucha antirrepresiva- que la abrumadora mayoría de casos que ilustran este multidisciplinario ensayo represivo (recordemos que intervienen conjuntamente la policía provincial, la gendarmería nacional y el poder judicial), se hace sobre casas y pobladores de humilde condición social. No es casual, no es aleatorio. Es una política claramente diseñada.
Las herramientas de represión conducen a la militarización de la sociedad, ella entendida como la facultad de que dispone la burguesía en tanto clase dominante para establecer qué es delito , quienes son sus autores y cómo se los combate. Y en la sociedad que establece privilegios de clase no es difícil entender que quien los cuestione será el destinatario excluyente de toda represión. Y ese cuestionamiento consciente o inconscientemente, sólo lo realiza la clase trabajadora.
Poco importará que detrás -y delante- del narcotráfico sean las mismas agencias del estado capitalista las que lo multiplican (polinarcos, resortes diplomáticos, corrupción en la gestión de gobierno, etc.), o si es vox populi que con fondos non-santos se financian campañas electorales de candidatos variopintos.
Nadie reconocerá que haber acuñado el concepto inseguridad tenga como objetivo la protección de la burguesía y algunos sectores medios que tiemblan cuando aquella tirita. Porque si la seguridad es un valor democrático, entonces convengamos en que ninguna agencia estatal puede brindarla, cuando mata un pibe pobre por día mediante el gatillo fácil, cuando tortura a detenidos pobres en todas sus dependencias, cuando desaparece o recluta pibes pobres, en su modalidad delictiva más reciente. Y que ninguna justicia emanada de ese mismo estado puede dictar Justicia, porque la balanza está inclinada y sus ojos “hacen” que no ven.
Lo importante es usar la excusa para desplegar uniformados por todas las barriadas, entrar a los tiros en las villas, instalar gendarmes lejos de la frontera y prefectos lejos de los muelles, y así revictimizar a quienes ya condenaron por la explotación, la inflación, el trabajo en negro y el clientelismo electoral. Hablamos entonces de selectividad del sistema penal.
Selectividad que, sumada a la militarización, deviene necesariamente en el modo menos solapado de ejecutar una sistemática criminalización de la pobreza. Gobierne quien gobierne, asuma el estado la fachada que quiera.
Obsérvese que no es un dato menor que la experiencia piloto se realice en una provincia naturalmente conflictiva, con historia de independencia gremial, con desarrollo industrial y crecimiento de su periferia, y más curioso aún, una provincia que muestra a un gobernador que denuncia al ejecutivo nacional por retacearle el envío de fondos coparticipables pero que sin embargo acuerda con él (la participación de Gendarmería es insoslayable) en todo lo que refiera el modo de aplacar y disciplinar cualquier atisbo de protesta o levantamiento.
De a poco, la institucionalidad muestra la hilacha.
Ha pasado en Chile, en Paraguay y México. Uno de los principales estados terroristas del mundo, Israel, dispone de estas herramientas, inspiradas –aquí y allá- por el exportador de material legislativo y políticas represivas apropiadas para el cuidado de sus intereses imperialistas, EEUU.
La crisis del capitalismo es inocultable, pero todavía tiene margen, aunque la realidad de su naturaleza antihumana, alienante y destructiva, pueda más que sus falsos principios y frágiles teorías. Precisamente por eso, porque nada va a regalar, cuando sospecha la organización y la lucha como baluartes de las clases oprimidas, es que emplea todos los recursos tendientes a sofocarlos.
De allí que la lucha antirrepresiva sea vital para nosotros.
No alcanza con la denuncia, hay que sumarle a ella más organización y protagonismo.
De estas experiencias piloto, a la instalación de centros clandestinos o interrogatorios forzados, ¿qué queda por recorrer?.

CORREPI, mayo de 2010.-

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