jueves, 10 de diciembre de 2009
lunes, 16 de noviembre de 2009
De Walter Bulacio a Rubén Carballo
Los portales de noticias en Internet anticipan los titulares de los diarios de mañana:
"Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes, hubo heridos y detenidos."
Esta vez fue en Vélez, tocaban Viejas Locas y el chico que está en coma en el Centro Gallego se llama Rubén Orlando Carballo.
En abril de 1991 el titular de los diarios fue el mismo. Esa vez fue en Obras, tocaban los Redondos, y el estudiante, que murió una semana después, se llamaba Walter David Bulacio. También tenía 17 años.
El jefe de prensa de la policía federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó hoy en varias radios que los pibes "se querían colar", que había "inadaptados" y que los uniformados tuvieron que emplear "la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden".
En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos "estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas".
El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía: Como brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y restaurarlo por medio de la fuerza cuando se ve amenazado. Eso se llama control social. Con "la fuerza mínima necesaria", desde luego. Eso se llama economía de recursos.
Entre 1991 y 2009 -entre Walter y Rubén - miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentina.
Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer.
Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395.
En el último año, el aparato represivo estatal nos mató un pibe cada 28 horas. Más de 20 por mes. El 53% tenía menos de 25 años.
El viernes 20 de noviembre, a las 18:00, CORREPI presentará, en un acto público en Plaza de Mayo, la actualización 2009 del Archivo de Casos, informe que recopila todos los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983.
Con el protagonismo de los familiares de los chicos asesinados por el gatillo fácil y la tortura, nucleados en CORREPI, y la presencia de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas, que han padecido la represión cotidiana a los largo del año, mostraremos, con los datos a la vista, el alcance y extensión de las políticas represivas oficiales en todo el país.
Los esperamos.
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"Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes, hubo heridos y detenidos."
Esta vez fue en Vélez, tocaban Viejas Locas y el chico que está en coma en el Centro Gallego se llama Rubén Orlando Carballo.
En abril de 1991 el titular de los diarios fue el mismo. Esa vez fue en Obras, tocaban los Redondos, y el estudiante, que murió una semana después, se llamaba Walter David Bulacio. También tenía 17 años.
El jefe de prensa de la policía federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó hoy en varias radios que los pibes "se querían colar", que había "inadaptados" y que los uniformados tuvieron que emplear "la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden".
En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos "estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas".
El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía: Como brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y restaurarlo por medio de la fuerza cuando se ve amenazado. Eso se llama control social. Con "la fuerza mínima necesaria", desde luego. Eso se llama economía de recursos.
Entre 1991 y 2009 -entre Walter y Rubén - miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentina.
Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer.
Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395.
En el último año, el aparato represivo estatal nos mató un pibe cada 28 horas. Más de 20 por mes. El 53% tenía menos de 25 años.
El viernes 20 de noviembre, a las 18:00, CORREPI presentará, en un acto público en Plaza de Mayo, la actualización 2009 del Archivo de Casos, informe que recopila todos los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983.
Con el protagonismo de los familiares de los chicos asesinados por el gatillo fácil y la tortura, nucleados en CORREPI, y la presencia de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas, que han padecido la represión cotidiana a los largo del año, mostraremos, con los datos a la vista, el alcance y extensión de las políticas represivas oficiales en todo el país.
Los esperamos.
sábado, 7 de noviembre de 2009
sábado, 12 de septiembre de 2009
Torturados para torturar mejor
El reciente Informe Anual 2009 del Comité Contra la Tortura (un organismo tan oficial como el SPB) constató que los detenidos en cárceles son habitualmente sometidos a submarino seco y húmedo, picana, puntazos, manguerazos de agua fría, patadas, puñetazos, "plancha"(pastillas psiquiátricas sin receta), impactos de bala de goma, "coches bombas" (presos que atacan a otros enviados por guardias), calesita (traslados constantes) y buzón (desnudos en celdas de aislamiento sin luz ni alimento), entre otros mecanismos de torturas.
A diferencia del penitenciario Carlos Maidana, cubierto por tantos medios, el trato recibido cuando los presos se atreven a denunciar, es el empeoramiento de las condiciones de detención y muchas veces la muerte.
El poder judicial, parte del estado que tortura, pocas veces recibe los habeas corpus y basan sus resoluciones en lo informado unilateralmente por el propio SPB.
Si no fuera por el “detalle” de que una persona muere día por medio por la tortura, daría risa el repentino interés de algunos fiscales, que según el informe de Telenoche, pidieron el tape para investigar si en otros penales se practican torturas, mientras que las autoridades del gobierno afirman que “es la primera vez que se enteran de un hecho de estas características”. No menos patético es el repudio hecho público por organismos de derechos humanos como si Maidana fuera una víctima civil del estado. Usa el mismo uniforme que sus victimarios, y si denunció la tortura, fue porque le tocó a él.
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sábado, 29 de agosto de 2009
La Villa 31 al sur de París
En las puertas de la Villa 31, Luis Luque, integrante de la Prefectura Naval Argentina, mató a Mabel Guerra (17) e hirió a su amiga Gianina Lobos, ambas vecinas del barrio, con sendos disparos a quemarropa desde el interior de su vehículo y a escasos metros de un puesto de su propia fuerza.
El criminal uniformado alegó en su descargo que actuó en defensa propia, presumiendo que las dos pibas lo iban a asaltar. Dijo, primero, que ambas portaban réplicas de armas de puño que nadie más vio. Después, su defensor particular cambió la historia. En declaraciones a Radio Mitre, el abogado acusó a los vecinos de la villa (los mismos que, con su inmediata presencia, evitaron que se plantara algún “perro” a las pibas), de “cambiar las armas por un palo”. De paso, vale señalar que el abogado en cuestión, Marcelo Rochetti, tiene viejos vínculos con el peronismo y el macrismo. Amigo y defensor del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, colaboró con Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador (integraba el estudio del hijo de Eduardo Menem) y fue nombrado Director de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Macri en diciembre de 2007. Se ve que ganan bien los prefectos...
Los vecinos de la villa de Retiro lograron, con su reacción indignada, romper el muro de silencio de los medios. La movilización, la bronca, la pedrada, impidieron que los medios de difusión titularan: “menor delincuente abatida por agente de la ley” o algo parecido para invisibilizar el gatillo fácil .
Un par de días antes, dos policías franceses, a bordo de un patrullero, haciendo uso de una práctica estudiada en sus academias, embistieron a un motociclista hijo de inmigrantes y repartidor de pizzas matándolo instantáneamente. Ambos criminales uniformados alegaron, en su defensa, que presumieron la calidad de delincuente de la víctima al tener que perseguirlo para que se detenga.
Los vecinos de los barrios periféricos y pobres de París también reaccionaron y pusieron el hecho en los titulares de los diarios. La protesta duró varios días, aunque los medios ocuparon muchos renglones para decir que fue un “confuso episodio”. La indignación de los vecinos derivó en una protesta con disturbios que se extendió varios días.
Pobreza, marginalidad, racismo, portación de rostro, son elementos comunes aquí y allá. Presunciones que avalan impunidad (aquí el asalto, allá la fuga), también. Discursos mediáticos para instalar la idea de un hecho confuso y desvirtuar la indignación de los que se reflejan como futuros blancos móviles, son prácticas comunes.
Los pobres, aquí y allá, denuncian el acoso permanente de las fuerzas de seguridad, la persecución y la presencia amenazante en sus barriadas. Lenta y espontáneamente, por ahora, empiezan a decir basta...
La geografía de la crisis internacional va delineando el mapa de la represión, y olvida ciertas exigencias cartográficas. La profundización de la crisis capitalista tiene su correlato en la criminalización de la clase trabajadora en todas partes. El rol del estado, monopolizador “legal” de la violencia, es el producto que mejor cotiza en bolsa. La represión es la respuesta más apropiada que tienen los poderosos para protegerse de la bancarrota.
El incremento de la criminalidad que agitan los que piden más “seguridad” es la consecuencia lógica de una sociedad dividida en clases. La “espiral de violencia” no tiene fin, dicen. No puede tenerla, porque la violencia es de la esencia misma de esas sociedades. La sociedad dividida en clases se nutre de la injusticia, del desequilibrio, de la alienación…y del disciplinamiento y el control social.
El proceso de descomposición económica internacional se profundiza. La pobreza y la magnitud del despliegue represivo, también.
Quienes quieran ver lo que pasó en la villa 31 o en París como simples manifestaciones locales, se equivocan. El capitalismo no distingue por su división política, ni traza sus meridianos en relación a los puntos cardinales. El capitalismo divide entre ricos y pobres.
Pero, desde hace un tiempo, se va quedando sin coordenadas para ocultar que el pueblo se empieza a cansar de los límites, de las fronteras y de las habituales prácticas de sus prefectos, policías, gendarmes, carabinieris, securité, o como sea que llamen a sus desclasados de reglamentaria y uniforme. Todos, aquí y allá, fusiladores de pobres, por orden y cuenta de la burguesía.
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El criminal uniformado alegó en su descargo que actuó en defensa propia, presumiendo que las dos pibas lo iban a asaltar. Dijo, primero, que ambas portaban réplicas de armas de puño que nadie más vio. Después, su defensor particular cambió la historia. En declaraciones a Radio Mitre, el abogado acusó a los vecinos de la villa (los mismos que, con su inmediata presencia, evitaron que se plantara algún “perro” a las pibas), de “cambiar las armas por un palo”. De paso, vale señalar que el abogado en cuestión, Marcelo Rochetti, tiene viejos vínculos con el peronismo y el macrismo. Amigo y defensor del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, colaboró con Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador (integraba el estudio del hijo de Eduardo Menem) y fue nombrado Director de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Macri en diciembre de 2007. Se ve que ganan bien los prefectos...
Los vecinos de la villa de Retiro lograron, con su reacción indignada, romper el muro de silencio de los medios. La movilización, la bronca, la pedrada, impidieron que los medios de difusión titularan: “menor delincuente abatida por agente de la ley” o algo parecido para invisibilizar el gatillo fácil .
Un par de días antes, dos policías franceses, a bordo de un patrullero, haciendo uso de una práctica estudiada en sus academias, embistieron a un motociclista hijo de inmigrantes y repartidor de pizzas matándolo instantáneamente. Ambos criminales uniformados alegaron, en su defensa, que presumieron la calidad de delincuente de la víctima al tener que perseguirlo para que se detenga.
Los vecinos de los barrios periféricos y pobres de París también reaccionaron y pusieron el hecho en los titulares de los diarios. La protesta duró varios días, aunque los medios ocuparon muchos renglones para decir que fue un “confuso episodio”. La indignación de los vecinos derivó en una protesta con disturbios que se extendió varios días.
Pobreza, marginalidad, racismo, portación de rostro, son elementos comunes aquí y allá. Presunciones que avalan impunidad (aquí el asalto, allá la fuga), también. Discursos mediáticos para instalar la idea de un hecho confuso y desvirtuar la indignación de los que se reflejan como futuros blancos móviles, son prácticas comunes.
Los pobres, aquí y allá, denuncian el acoso permanente de las fuerzas de seguridad, la persecución y la presencia amenazante en sus barriadas. Lenta y espontáneamente, por ahora, empiezan a decir basta...
La geografía de la crisis internacional va delineando el mapa de la represión, y olvida ciertas exigencias cartográficas. La profundización de la crisis capitalista tiene su correlato en la criminalización de la clase trabajadora en todas partes. El rol del estado, monopolizador “legal” de la violencia, es el producto que mejor cotiza en bolsa. La represión es la respuesta más apropiada que tienen los poderosos para protegerse de la bancarrota.
El incremento de la criminalidad que agitan los que piden más “seguridad” es la consecuencia lógica de una sociedad dividida en clases. La “espiral de violencia” no tiene fin, dicen. No puede tenerla, porque la violencia es de la esencia misma de esas sociedades. La sociedad dividida en clases se nutre de la injusticia, del desequilibrio, de la alienación…y del disciplinamiento y el control social.
El proceso de descomposición económica internacional se profundiza. La pobreza y la magnitud del despliegue represivo, también.
Quienes quieran ver lo que pasó en la villa 31 o en París como simples manifestaciones locales, se equivocan. El capitalismo no distingue por su división política, ni traza sus meridianos en relación a los puntos cardinales. El capitalismo divide entre ricos y pobres.
Pero, desde hace un tiempo, se va quedando sin coordenadas para ocultar que el pueblo se empieza a cansar de los límites, de las fronteras y de las habituales prácticas de sus prefectos, policías, gendarmes, carabinieris, securité, o como sea que llamen a sus desclasados de reglamentaria y uniforme. Todos, aquí y allá, fusiladores de pobres, por orden y cuenta de la burguesía.
miércoles, 29 de julio de 2009
sábado, 25 de julio de 2009
Gatillo fácil de Juan Cruz Marques: el macabro juego de las diferencias
El 19 de julio, Juan Cruz Marques(26), fue fusilado en Zárate por el policía Pablo Sanhuesa . A contrapelo de lo que suele suceder con la veintena de casos similares que ocurren por mes, todos los medios cubrieron el caso, y desde el jefe de la departamental hasta el gobernador Scioli se mostraron consternados por el hecho.
Supongamos que Juan Cruz Marques, en lugar de un estudiante de periodismo deportivo, hubiese sido un “fierita”. ¿El asesino Sanhuesa sería un policía alienado de la fuerza?
Supongamos que en lugar de venir de celebrar el día del amigo, el “fierita” viniera puesto y sin rumbo. ¿El policía asesino Sanhuesa sería una mancha negra para la institución?
Supongamos que, en lugar de estudiar periodismo, el “fierita” transcurriera entre la esquina y las nubes. ¿El policía asesino Sanhuesa sería un error imperdonable del sistema?
Supongamos que la única fotografía que pudiera mostrarse del “fierita” fuera la del "prontuario" . ¿El policía asesino Sanhuesa sería el reflejo de una conducta personal por la que su jefe sentiría vergüenza?
De algunas cosas estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera tenido tiempo, el tiro le hubiese entrado por la espalda, como al “fierita”. Pero a diferencia del “fierita”, a su lado no hubieran florecido las armas no aptas para el disparo. Si Juan Cruz hubiera pedido clemencia, tendría más de un tiro sobre su cuerpo, como el “fierita”. Pero, a diferencia del “fierita”, no hubieran dicho que previamente gritaron alto policía.
De otras cosas más estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera sido el “fierita”, su fusilamiento no hubiera tenido la cobertura mediática que tuvo, ni se hubieran escuchado las reacciones hipócritas del jefe policial Baratta y el gobernador Scioli.
A diferencia del caso del “fierita” -en el que hasta sería posible que el asesino Sanhuesa peleara una figura culposa y pasara su proceso en libertad- aquí tendrá la perpetua que merece.
La madre de Juan Cruz fue clara y valiente ante la desvergüenza del jefe de Sanhuesa, que no acepta su definición. Dijo: "es un caso de gatillo fácil". Con todo el dolor reciente instalado, dijo lo que decimos siempre. La diferencia con la madre del “fierita”, es que a ella la publican.
De lo que no tenemos ninguna duda:
Sanhuesa es un policía que no se diferencia del estado que lo estimula. La policía no se diferencia.
CONTINUAR LEYENDO...
Supongamos que Juan Cruz Marques, en lugar de un estudiante de periodismo deportivo, hubiese sido un “fierita”. ¿El asesino Sanhuesa sería un policía alienado de la fuerza?
Supongamos que en lugar de venir de celebrar el día del amigo, el “fierita” viniera puesto y sin rumbo. ¿El policía asesino Sanhuesa sería una mancha negra para la institución?
Supongamos que, en lugar de estudiar periodismo, el “fierita” transcurriera entre la esquina y las nubes. ¿El policía asesino Sanhuesa sería un error imperdonable del sistema?
Supongamos que la única fotografía que pudiera mostrarse del “fierita” fuera la del "prontuario" . ¿El policía asesino Sanhuesa sería el reflejo de una conducta personal por la que su jefe sentiría vergüenza?
De algunas cosas estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera tenido tiempo, el tiro le hubiese entrado por la espalda, como al “fierita”. Pero a diferencia del “fierita”, a su lado no hubieran florecido las armas no aptas para el disparo. Si Juan Cruz hubiera pedido clemencia, tendría más de un tiro sobre su cuerpo, como el “fierita”. Pero, a diferencia del “fierita”, no hubieran dicho que previamente gritaron alto policía.
De otras cosas más estamos seguros:
Si Juan Cruz hubiera sido el “fierita”, su fusilamiento no hubiera tenido la cobertura mediática que tuvo, ni se hubieran escuchado las reacciones hipócritas del jefe policial Baratta y el gobernador Scioli.
A diferencia del caso del “fierita” -en el que hasta sería posible que el asesino Sanhuesa peleara una figura culposa y pasara su proceso en libertad- aquí tendrá la perpetua que merece.
La madre de Juan Cruz fue clara y valiente ante la desvergüenza del jefe de Sanhuesa, que no acepta su definición. Dijo: "es un caso de gatillo fácil". Con todo el dolor reciente instalado, dijo lo que decimos siempre. La diferencia con la madre del “fierita”, es que a ella la publican.
De lo que no tenemos ninguna duda:
Sanhuesa es un policía que no se diferencia del estado que lo estimula. La policía no se diferencia.
sábado, 18 de julio de 2009
Presentación de "Represión en democracia":Olavarría
Fotografía Diario El Popular.
Edición 18 de julio de 2009.
"El gatillo fácil al centro el debate durante la presentación de un libro
El salón de Librería Insurgente estaba repleto. La mayoría de los asistentes eran muy jóvenes. Se presentó el libro "Represión en democracia", de la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú. Hubo dos disertaciones y un intercambio muy rico con el público."Nota completa CONTINUAR LEYENDO...
viernes, 10 de julio de 2009
domingo, 14 de junio de 2009
Presentación de "Represión en democracia": Rosario
Agradecemos al compañero Alejandro Benedetti de la Agencia John Reed CONTINUAR LEYENDO...
miércoles, 13 de mayo de 2009
JUICIO A LA POLICÍA DEMOCRÁTICA SUPENDIDO
Después de cuatro años de lucha…
Miguel vivía en Moreno, en el barrio El Satélite.
Miguel puede ser tu hijo…
Miguel podés ser vos….
A casi cuatro años del asesinato de Miguel Da Silva (15), en los juzgados de Mercedes el 14 de mayo iba a dar inicio al juicio oral contra el policía Juan Sebastián Álvarez quién fusiló de un tiro al estudiante secundario. El oficial, de tan sólo 28 años de edad, es un claro exponente de esta policía que, lejos de accionar bajo los "vicios" arrastrados desde la dictadura, actúa coherentemente con la función que cumple en esta democracia.
POR AUSENCIA DE FISCAL, EL PODER JUDICIAL INFORMÓ EL MISMO DÍA AL CENTENAR DE COMPAÑEROS MOVILIZADOS, QUE EL JUICIO SE SUPENDÍA SIN NUEVA FECHA.
Si en lugar de ser el juicio al policía que fusiló a Miguel, hoy hubiera sido el juicio contra Miguel, acusado por haber robado la cadenita y el celular a la maestra, dos cosas serían diferentes:
El estaría preso, no libre como el policía Álvarez.
Rápidamente hubieran encontrado otro fiscal y no se hubieran privado de condenarlo.
BASTA DE GATILLO FÁCIL BASTA DE IMPUNIDAD CONTINUAR LEYENDO...
lunes, 20 de abril de 2009
30 de abril 20:30 hs hotel B.A.U.E.N. Presentación
CORREPI invita a la presentación del libro de nuestra compañera María del Carmen Verdú :Represión en democracia."De la primavera alfonsinista" al "gobierno de los derechos humanos". Ediciones Herramientas.
"El libro de María del Carmen Verdú es como una liberación, porque descubre los mecanismos de la dominación. Expone hechos y razonamientos con gran claridad y los utiliza para mostrar con contundencia las trampas y encubrimientos de las diabólicas "historias oficiales", preparadas por las policías y mantenidas por los tribunales, en el marco de la nefasta "guerra contra la delincuencia". Desde el entendimiento cabal de la política represiva, que atrapa invariable y mayoritariamente a los integrantes de grupos sociales desfavorecidos, permite replantear la búsqueda de la libertad, que no está dada ni mucho menos y que hay que ganarla y defenderla cada día" Ricardo Canaletti, periodista de TN-Canal 13.
Imágenes de la presentación realizada -Fotos:CORREPI y Nicolás Solo por Indymedia
Prefacio de Osvaldo González:
Después de leer este libro, es difícil –a menos que se opte por ser actor de la represión estatal– no mirar nuestro actual entramado institucional y político, y a nuestros gobernantes, como instrumentos de una gran comedia, cuyas palabras mitológicas, justicia, orden, seguridad, derecho, paz, democracia, son sólo una parte más del decorado: telones que encubren una horrible trastienda. Cuando toman tierra las conclusiones del estudio de María del Carmen Verdú, basado en su propia actividad de casi veinte años desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, se ve que la columna sostenedora de tal represión es la clase explotadora del trabajo, la burguesía, que nutrió su vida dominante en el país durante los años de democracia con algunas variaciones formales respecto de las épocas de dictadura, pero sirviéndose siempre de la acción de las fuerzas represivas (militar, policial, etc.), de la Justicia y de la administración penitenciaria, y agregando, en época democrática, el manto de las leyes parlamentarias.
El discurso electoral de Alfonsín, cargado de derechos y garantías constitucionales, no fue óbice para reprimir en Campo de Mayo y masacrar en la Tablada; Menem reprimió con policía y gendarmería en todas las puebladas de los años de su gobierno, asesinando manifestantes en Ushuaia, Salta y Jujuy; el gobierno de la Alianza comenzó con la masacre del puente de Corrientes y siguió reprimiendo hasta asesinar a 38 personas el 19 y 20 de diciembre de 2001; la represión selectiva sobre los militantes siguió con Duhalde y el asesinato de Kosteki y Santillán y continúa en el kirchnerismo, y seguirá después con el gobierno que venga. Al mismo tiempo, cada uno de ellos ha sostenido e incrementado la represión “preventiva” para el pueblo, por medio de las detenciones arbitrarias, gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías, incluyendo la acción de los escuadrones de la muerte.
La masacre de Ingeniero Budge, la muerte del soldado Carrasco en Neuquén, la detención y muerte de Walter Bulacio, el asesinato por torturas de Sergio Durán en Morón, la masacre de Wilde, etcétera, marcaron el comienzo de importantes movilizaciones contra la policía asesina encabezadas por CORREPI, ninguneada por la izquierda y por las viejas organizaciones de derechos humanos, que no reconocían en esos sucesos la expresión de una política de Estado y reproducían, con variantes, el discurso represor.
En ese camino de denuncia y lucha, CORREPI tuvo que defenderse de muchas presiones. Sus militantes han tenido que enfrentar aprietes, seguimientos, amenazas telefónicas, detenciones y otras formas de persecución política. ¿Cómo no iba a ser así para una organización que tomó la defensa de centenares de casos de asesinatos policiales en el país, destacándose sus militantes por enfrentar nada menos que a la “maldita policía”, a los jueces y a los políticos del capital que la sostienen?
Hubo, también, otras tentaciones. El rechazo a las propuestas para convertirla en una ONG fue, quizás, la más importante salida a una desaparición segura por vía de aceptar los subsidios del Estado para sobrevivir condicionada. Subsidios, justamente, provenientes del Estado mecenas del gatillo fácil y las torturas.
Había subsidios más sutiles, que provenían de la socialdemocracia europea y sus universidades, que muchas organizaciones de derechos humanos de la Argentina han aceptado. Eso sí, teniendo que consentir, por ejemplo, al “paladín de los derechos humanos” en España, al “superjuez” Baltazar Garzón, aclamado por los medios de comunicación y aupado ante la opinión pública española como prototipo de juez honesto, valiente e independiente. Muchas organizaciones de derechos humanos tradicionales se detuvieron a componer sus aparatos con estos subsidios. Así se llegó a convertir en kirchneristas a las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones, a las que convino colocarse bajo la férula de la subordinación a la política y el dinero oficial.
Pero CORREPI se fortaleció diciendo “no” a los subsidios de la socialdemocracia europea y “no” a Garzón, por conocer que este juez ampara las torturas a todo tipo de presos políticos, en especial a los independentistas vascos, y es pionero en el uso de la política “de DDHH” limitada a las dictaduras de hace 30 o 50 años para ganar consenso en su política represiva actual, que incluye la persecución de organizaciones enteras, el cierre de diarios, radios, y todo organismo vinculado a las luchas populares.
Los que intentaron introducir a CORREPI en los manejos turbios del Estado capitalista y sus partidos, no pararon. ¡Cuantas veces debió rechazar, María del Carmen Verdú, soterradas propuestas para utilizar su rol militante y mediático para colocarse como candidata a diputada o legisladora porteña, o para legitimar organismos estatales de “defensa de los DDHH”!.
Probablemente la batalla más grande por la dignidad de CORREPI, de sus militantes, ha sido la de mantener los principios y la militancia antirrepresiva, de manera honesta, en contra del gobierno kirchnerista. Porque ha sido el gobierno que utiliza el encarcelamiento de algunos militares asesinos, a los que todavía les queda algo de vida, y la inauguración de una que otra plaza y monumento recordatorio de los desaparecidos para sostener su política represiva. Bajo su gobierno, desapareció un testigo de los crímenes de lesa humanidad, Julio López; se han repetido asesinatos en movilizaciones como en los casos Cuéllar, Fuentealba y Erazo; se sumaron los presos políticos, a la vez que se intensificaron los muertos por el gatillo fácil y la tortura, llegando a más de mil de 2003 a 2008.
“La represión en democracia” sintetiza muchos años de experiencia y militancia antirrepresiva. La importancia del libro es la conclusión teórica sobre el Estado represivo y su relación con los partidos “democráticos”. Los partidos del capital han armado un Estado represivo tal, y han puesto un enemigo tal en la mira, que cualquiera sea el que acceda al control de las palancas institucionales, y por más democrático que sea su discurso electoral, una vez asumido, no dejará de aplicar la represión de acuerdo a las necesidades del capitalismo en cada etapa.
Osvaldo González
domingo, 19 de abril de 2009
martes, 24 de marzo de 2009
Archivo 2008: REPRESIÓN DEL ESTADO -Gráficos y comentarios (II)-
El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
Mientras, en voz alta, el gobierno dice que finalmente cumplirá la sentencia del Caso Bulacio, cediendo a la orden de la Corte IDH de eliminar el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, con sordina, pero sistemáticamente, esas mismas facultades se han visto ampliadas y fortalecidas en casi todos los distritos del país, y muy especialmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La averiguación de antecedentes y los códigos de faltas, principales herramientas represivas para el control social, gozan de perfecta salud en todo el país. Es tan alevoso el uso indiscriminado por las policías de “prácticas inveteradas” que, sin base normativa alguna, permiten la detención ilegal de menores de edad, que un juez contencioso administrativo de La Plata tuvo que decretar su inconstitucionalidad, y señalar a la policía que sólo puede detener menores de edad que estén sospechados de haber cometido un delito. Parece verdad de Perogrullo, pero es así: un juez tuvo que recordarle a la policía que, para detener un menor de edad, tiene que tener una causa. De inmediato, los abogados de la Provincia de Buenos Aires apelaron, y ya fue suspendido el fallo, que apenas se atrevía a decir que los policías deben cumplir la ley, y no inventar leyes que no existen...
En el ámbito federal, mientras se discute por enésima vez la posibilidad de convertir en penalmente responsables, como si fueran adultos, a chicos de 14 años, la Corte Suprema ordenó que 60 pibes, detenidos sin condena penal en el Instituto San Martín, sigan presos, pues, como dijo la ministra Carmen Argibay, uno de los faros derechohumanistas del actual gobierno, “esos chicos están marcados, dejarlos ir en libertad es ofrecer 60 blancos móviles al gatillo fácil policial”. Vaya con las prioridades de la celebrada jueza, que prefiere tenerlos presos, aunque sean inocentes, “para protegerlos”, al mismo tiempo que reconoció que, en los barrios, los pibes chorros son explotados por la propia policía, que los extermina cuando quieren “abrir la boca”. Otra verdad de Perogrullo, que se completa con la afirmación rotunda, confirmada cada día, de que el aparato represivo estatal, además de explotar al “chiquitaje” delincuencial, es el que dirige, gerencia y protagoniza el crimen organizado en Argentina.
La misma Corte viene sosteniendo que la tortura, no es un crimen de lesa humanidad ni compromete la responsabilidad del estado cuando ocurre en democracia, porque, según la Corte, los gobiernos constitucionales no torturan sistemáticamente. Será cierto, entonces, como dicen las eternas versiones oficiales, que todos los muertos en cárceles y comisarías son depresivos suicidas o repentinos descompensados, y que los miles de presos que, transidos de dolor, denuncian tormentos a diario, sólo son viles individuos que buscan “mejorar su situación procesal autolesionándose”, como les gusta decir a los jueces.
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lunes, 23 de marzo de 2009
Archivo 2008: REPRESIÓN DEL ESTADO -gráficos y estadísticas-
El índice de muertes a manos del aparato represivo del estado ha sido siempre creciente desde que confeccionamos el Archivo (ver
Gráfico nº 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero, se destacan en este “rubro”, que nuevamente ocupa el segundo puesto, secundando al gatillo fácil como modalidad de exterminio sistemático. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
CANTIDAD DE CASOS DURANTE LAS DOS GESTIONES KIRCHNER
(Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 30/11/2008)
El gobierno de los Kirchner, en conjunto, lleva más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura en 66 meses de gestión. Desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, el matrimonio presidencial, el ministro Aníbal Fernández, sus fuerzas de seguridad, y los gobiernos provinciales y las fuerzas provinciales, nos han matado un pibe día por medio. Dieciséis por mes. No hay parangón para esa cifra en ninguno de los gobiernos anteriores desde 1983, y la tendencia se mantiene, al punto que hoy, con el Archivo 2008 cerrado al 30 de noviembre, ya son cuatro los casos ocurridos en el corriente mes de diciembre, que serán publicados con la actualización de 2009.
Presagiábamos, al presentar el Archivo 2007 al mismo tiempo que se inauguraba el nuevo gobierno, que habría más represión este año. Doce meses después, los números del archivo y la realidad cotidiana dicen que no nos equivocamos entonces, ni lo hacemos ahora, al augurar mayor represión para el futuro inmediato.
El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
MODALIDADES (Gráfico nº 3, sobre total de casos)
Del estudio de los datos objetivos surge como una de las conclusiones que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo, sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.
También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.
Pero no sólo con la represión preventiva nos castiga este gobierno. La represión selectiva, dirigida a la misma clase trabajadora cuando ya se ha comenzado a organizar, está también en plena forma. Si Néstor Kirchner terminó su mandato con dos muertos en la protesta social, Luis Cuéllar (2003) y Carlos Fuentealba (2007), su esposa ya tiene el primero de su gestión, Juan Carlos Erazo, el trabajador del ajo asesinado a golpes por la policía mendocina durante una huelga. Presos políticos, represión a cuanta manifestación se produzca (salvo que sean las del “campo” contra el gobierno, o del gobierno contra el “campo”), militarización de ciudades y lugares de trabajo, uso permanente y creciente de patotas sindicales o grupos de choque del PJ, son sólo algunas de sus vertientes.
Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura. Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado este año 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.
En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes llega al punto de mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de cinco años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.
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Gráfico nº 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero, se destacan en este “rubro”, que nuevamente ocupa el segundo puesto, secundando al gatillo fácil como modalidad de exterminio sistemático. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
CANTIDAD DE CASOS DURANTE LAS DOS GESTIONES KIRCHNER
(Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 30/11/2008)
El gobierno de los Kirchner, en conjunto, lleva más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura en 66 meses de gestión. Desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, el matrimonio presidencial, el ministro Aníbal Fernández, sus fuerzas de seguridad, y los gobiernos provinciales y las fuerzas provinciales, nos han matado un pibe día por medio. Dieciséis por mes. No hay parangón para esa cifra en ninguno de los gobiernos anteriores desde 1983, y la tendencia se mantiene, al punto que hoy, con el Archivo 2008 cerrado al 30 de noviembre, ya son cuatro los casos ocurridos en el corriente mes de diciembre, que serán publicados con la actualización de 2009.
Presagiábamos, al presentar el Archivo 2007 al mismo tiempo que se inauguraba el nuevo gobierno, que habría más represión este año. Doce meses después, los números del archivo y la realidad cotidiana dicen que no nos equivocamos entonces, ni lo hacemos ahora, al augurar mayor represión para el futuro inmediato.
El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
MODALIDADES (Gráfico nº 3, sobre total de casos)
Del estudio de los datos objetivos surge como una de las conclusiones que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo, sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.
También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.
Pero no sólo con la represión preventiva nos castiga este gobierno. La represión selectiva, dirigida a la misma clase trabajadora cuando ya se ha comenzado a organizar, está también en plena forma. Si Néstor Kirchner terminó su mandato con dos muertos en la protesta social, Luis Cuéllar (2003) y Carlos Fuentealba (2007), su esposa ya tiene el primero de su gestión, Juan Carlos Erazo, el trabajador del ajo asesinado a golpes por la policía mendocina durante una huelga. Presos políticos, represión a cuanta manifestación se produzca (salvo que sean las del “campo” contra el gobierno, o del gobierno contra el “campo”), militarización de ciudades y lugares de trabajo, uso permanente y creciente de patotas sindicales o grupos de choque del PJ, son sólo algunas de sus vertientes.
Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura. Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado este año 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.
En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes llega al punto de mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de cinco años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.
domingo, 22 de marzo de 2009
24 DE MARZO 14 hs ACTO PLAZA CONGRESO
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| CORREPI Acto y marcha 24 de marzo 2009 |
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En dictadura o democracia , diferentes modalidades y expresiones de una única política de estado que encuentra su origen en la necesidad del estado burgués -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.
La plena vigencia de los derechos humanos no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo, como no puede haber otro mecanismo de distribución de la riqueza.
Los defensores del estado de derecho, de la gobernabilidad democrática, de la legalidad, se horrorizan cuando descubren un pedacito de esta realidad, y se desesperan cuando les decimos que no hay plan alternativo posible, que esto es así, y lo seguirá siendo, mientras vivamos en una sociedad dividida en clases.
No hay otro camino, para el pueblo trabajador, que la organización independiente, y la lucha consecuente.
lunes, 9 de marzo de 2009
CARCELES Y COMISARIAS: CENTROS LEGALES DE TORTURA
68 seres humanos murieron bajo tutela estatal, tal lo registrado en nuestro Archivo 2008 y 22 en lo que va de 2009. Esta es la política represiva que el gobierno "de los derechos humanos" agudizará en los centros de detención con prácticas de torturas y homicidios contra los pobres:
El video muestra los últimos 10 minutos antes de que José Castro Moya sufriendo triple fractura de cráneo al caer al suelo y rebotar en el piso, inducido por las palabras de un comisario de apellido Vélez, de Ushuahia y del personal de la división servicios especiales, todos cubiertos con pasamontañas.
En el video, mientras estaba aun colgado,José cuenta como el 24 de diciembre, por pedir ver a su familia, lo torturaron y lo encerraron en un congelador. Su madre declaró que el 2 de enero "hizo una presentación en el juzgado" con fotos, pero como suele ocurrir, las notificaciones en el penal se las retacearon para que no avanzara la denuncia.
Estaba detenido hacía mas de 10 años. Cumplía condena en el penal de Ushuahia hasta que fue trasladado a Río Grande, separado de su familia que allí residía.
Como era materialmente imposible que su esposa lo visitara con una hija recién nacida, inició una medida para hablar con el jefe de la unidad y pedir su traslado. Se trepó a un tinglado a más de 10 metros de altura, sin intenciones de suicidarse ya que se había atado a una cuerda, tenía una frazada para cubrirse del frío e incluso había llevado una botella para orinar.
Al minuto 8.15 del video, se ve como mientras le apuntan con una escopeta, le dicen “si quiere tirarse, la red es segura” o con voz de mando, le recomiendan: "tírese tranquilo que la red es segura".
José se suelta y su cuerpo impacta contra el suelo. La red estaba pero a metros de donde cayó.
Semanas mas tarde, fallece luego de estar en terapia intensiva.
Desde la justicia informaron que se ha comenzado una investigación para deslindar o no responsabilidades al personal policial que actuó en la Unidad de Detención Nº 1. La madre de José Castro Moya, responsabilizó directamente al Director del Penal, José Ojeda, como así también al juez García Arpón de la ciudad de Ushuaia.
viernes, 27 de febrero de 2009
LA LUCHA CONTRA LA REPRESION ES UNA Y TRAE VICTORIA
Nuestros compañeros, enviados por CORREPI a Las Heras, nos informan que los seis trabajadores petroleros presos por luchar desde hace tres años, han sido LIBERADOS.
Desde CORREPI celebramos esta victoria fruto de la movilización y la concientización de la población y convocamos a todos los trabajadores a organizarce y luchar contra la represión estatal que en forma selectiva y preventiva, atenta contra los pobres.
Desde CORREPI celebramos esta victoria fruto de la movilización y la concientización de la población y convocamos a todos los trabajadores a organizarce y luchar contra la represión estatal que en forma selectiva y preventiva, atenta contra los pobres.
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lunes, 23 de febrero de 2009
LAS HERAS A 3 AÑOS DE LA MILITARIZACIÓN Y REPRESIÓN
A TRES AÑOS DE LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS, MARCHA EN CAPITAL FEDERAL EL MARTES 24 DE FEBRERO A LAS 18HS EN EL OBELISCO.
LIBERTAD A LOS 6 TRABAJADORES PETROLEROS, PRESOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La jueza Ruata de Leone, argumentando la supuesta “complejidad de la causa” y sin ninguna prueba concreta que vincule a los detenidos con la muerte del policía Sayago, los mantiene encarcelados con la arbitraria excusa de que “habrían estado en el lugar de los hechos”, al igual que las 1500 personas que ese día se movilizaron.
Dos años después, superado el plazo previsto para la prisión preventiva y habiendo sido los trabajadores beneficiados con el derecho a una detención morigerada, el gobernador Daniel Peralta, títere de turno de los Kirchner en su feudo consideró este derecho como “inadmisible”, y la jueza Ruata de Leone, demostrando la independencia del poder judicial, los encarceló nuevamente.
A las denuncias sobre torturas y secuestros sufridas por los trabajadores se suman las de detenciones arbitrarias, agresiones, intimidaciones, golpizas y violaciones por parte de efectivos de Gendarmería hacia los jóvenes de la ciudad sitiada.
Exigimos, una vez más, al gobierno nacional y al de Santa Cruz la inmediata libertad de los seis trabajadores y el cese de la represión y los amedrentamientos.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
AMNISTÍA A LOS MÁS DE 6000 PROCESADOS POR RAZONES POLÍTICAS
BASTA DE REPRESIÓN-BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA
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LIBERTAD A LOS 6 TRABAJADORES PETROLEROS, PRESOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A comienzos de 2006, mientras Kirchner discurseaba sobre las atrocidades cometidas 30 años atrás por la dictadura militar y decretaba el feriado del 24 de marzo, sus fuerzas de seguridad eran alistadas para aplastar, con los mismos métodos, la protesta de los trabajadores petroleros de la ciudad santacruceña de Las Heras. Entre los reclamos figuraban la eliminación del “impuesto a las ganancias” -que se descontaban a los trabajadores, no a las empresas petroleras que amasan fortunas-, el reencuadramiento sindical y el blanqueo de todos los trabajadores en negro.
La detención por parte de la policía provincial de un referente sindical movilizó a gran parte del pueblo que se concentró en la comisaría para exigir su liberación. Tras la represión, que dejó el saldo de un policía muerto de los tantos enviados por el ex jefe de la SIDE y entonces gobernador Sergio Acevedo, la respuesta del gobierno nacional fue contundente: Kirchner y Aníbal Fernández enviaron a la SIDE y la Gendarmería , pertrechados con tantas armas y municiones como habitantes tiene la provincia de Santa Cruz, para garantizar la explotación y las ganancias de las empresas petroleras.
Las acciones represivas coordinadas entre la policía provincial, los 2000 efectivos de Gendarmería y la SIDE , bajo las órdenes de Kirchner y la jueza Graciela Ruata de Leone, consistió en la militarización de la ciudad de Las Heras, con una brutal cacería en la que las fuerzas de seguridad del “estado de derecho”, en medio de apagones generalizados, secuestraron, detuvieron y torturaron a trabajadores y sus familias para que se autoincriminen o dieran los nombres de quienes habían participado en la pueblada. Las empresas que habitualmente reciben los favores del aparato represivo del estado colaboraron bloqueando las vías de comunicación, dejando aislado al pueblo, durante los secuestros y las torturas, sin telefonía celular ni Internet.
Desde entonces permanecen detenidos, dispersos en distintas alcaidías provinciales y alejados de sus familias, los trabajadores Darío Catrihuala, Hugo González, José Rosales, Juan Pablo Bilbao, Ramón Cortéz y Alexis Pérez
La detención por parte de la policía provincial de un referente sindical movilizó a gran parte del pueblo que se concentró en la comisaría para exigir su liberación. Tras la represión, que dejó el saldo de un policía muerto de los tantos enviados por el ex jefe de la SIDE y entonces gobernador Sergio Acevedo, la respuesta del gobierno nacional fue contundente: Kirchner y Aníbal Fernández enviaron a la SIDE y la Gendarmería , pertrechados con tantas armas y municiones como habitantes tiene la provincia de Santa Cruz, para garantizar la explotación y las ganancias de las empresas petroleras.
Las acciones represivas coordinadas entre la policía provincial, los 2000 efectivos de Gendarmería y la SIDE , bajo las órdenes de Kirchner y la jueza Graciela Ruata de Leone, consistió en la militarización de la ciudad de Las Heras, con una brutal cacería en la que las fuerzas de seguridad del “estado de derecho”, en medio de apagones generalizados, secuestraron, detuvieron y torturaron a trabajadores y sus familias para que se autoincriminen o dieran los nombres de quienes habían participado en la pueblada. Las empresas que habitualmente reciben los favores del aparato represivo del estado colaboraron bloqueando las vías de comunicación, dejando aislado al pueblo, durante los secuestros y las torturas, sin telefonía celular ni Internet.
Desde entonces permanecen detenidos, dispersos en distintas alcaidías provinciales y alejados de sus familias, los trabajadores Darío Catrihuala, Hugo González, José Rosales, Juan Pablo Bilbao, Ramón Cortéz y Alexis Pérez
La jueza Ruata de Leone, argumentando la supuesta “complejidad de la causa” y sin ninguna prueba concreta que vincule a los detenidos con la muerte del policía Sayago, los mantiene encarcelados con la arbitraria excusa de que “habrían estado en el lugar de los hechos”, al igual que las 1500 personas que ese día se movilizaron.
Dos años después, superado el plazo previsto para la prisión preventiva y habiendo sido los trabajadores beneficiados con el derecho a una detención morigerada, el gobernador Daniel Peralta, títere de turno de los Kirchner en su feudo consideró este derecho como “inadmisible”, y la jueza Ruata de Leone, demostrando la independencia del poder judicial, los encarceló nuevamente.
A las denuncias sobre torturas y secuestros sufridas por los trabajadores se suman las de detenciones arbitrarias, agresiones, intimidaciones, golpizas y violaciones por parte de efectivos de Gendarmería hacia los jóvenes de la ciudad sitiada.
Exigimos, una vez más, al gobierno nacional y al de Santa Cruz la inmediata libertad de los seis trabajadores y el cese de la represión y los amedrentamientos.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
AMNISTÍA A LOS MÁS DE 6000 PROCESADOS POR RAZONES POLÍTICAS
BASTA DE REPRESIÓN-BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA
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