El fuerte crecimiento de la implementación de la política represiva ha contado, además, con un expreso aval público por parte de las más altas cabezas gubernamentales en los últimos tiempos. Fue la presidenta en persona quien, indignada, gritó “No puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la justicia libera, libera y libera”. Desde el célebre “Hay que meter tiros por la espalda” de Carlos Ruckauf, no recordamos un incentivo más explícito para aplicar el gatillo fácil.
Mientras, en voz alta, el gobierno dice que finalmente cumplirá la sentencia del Caso Bulacio, cediendo a la orden de la Corte IDH de eliminar el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, con sordina, pero sistemáticamente, esas mismas facultades se han visto ampliadas y fortalecidas en casi todos los distritos del país, y muy especialmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La averiguación de antecedentes y los códigos de faltas, principales herramientas represivas para el control social, gozan de perfecta salud en todo el país. Es tan alevoso el uso indiscriminado por las policías de “prácticas inveteradas” que, sin base normativa alguna, permiten la detención ilegal de menores de edad, que un juez contencioso administrativo de La Plata tuvo que decretar su inconstitucionalidad, y señalar a la policía que sólo puede detener menores de edad que estén sospechados de haber cometido un delito. Parece verdad de Perogrullo, pero es así: un juez tuvo que recordarle a la policía que, para detener un menor de edad, tiene que tener una causa. De inmediato, los abogados de la Provincia de Buenos Aires apelaron, y ya fue suspendido el fallo, que apenas se atrevía a decir que los policías deben cumplir la ley, y no inventar leyes que no existen...
En el ámbito federal, mientras se discute por enésima vez la posibilidad de convertir en penalmente responsables, como si fueran adultos, a chicos de 14 años, la Corte Suprema ordenó que 60 pibes, detenidos sin condena penal en el Instituto San Martín, sigan presos, pues, como dijo la ministra Carmen Argibay, uno de los faros derechohumanistas del actual gobierno, “esos chicos están marcados, dejarlos ir en libertad es ofrecer 60 blancos móviles al gatillo fácil policial”. Vaya con las prioridades de la celebrada jueza, que prefiere tenerlos presos, aunque sean inocentes, “para protegerlos”, al mismo tiempo que reconoció que, en los barrios, los pibes chorros son explotados por la propia policía, que los extermina cuando quieren “abrir la boca”. Otra verdad de Perogrullo, que se completa con la afirmación rotunda, confirmada cada día, de que el aparato represivo estatal, además de explotar al “chiquitaje” delincuencial, es el que dirige, gerencia y protagoniza el crimen organizado en Argentina.
La misma Corte viene sosteniendo que la tortura, no es un crimen de lesa humanidad ni compromete la responsabilidad del estado cuando ocurre en democracia, porque, según la Corte, los gobiernos constitucionales no torturan sistemáticamente. Será cierto, entonces, como dicen las eternas versiones oficiales, que todos los muertos en cárceles y comisarías son depresivos suicidas o repentinos descompensados, y que los miles de presos que, transidos de dolor, denuncian tormentos a diario, sólo son viles individuos que buscan “mejorar su situación procesal autolesionándose”, como les gusta decir a los jueces.
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