68 seres humanos murieron bajo tutela estatal, tal lo registrado en nuestro Archivo 2008 y 22 en lo que va de 2009. Esta es la política represiva que el gobierno "de los derechos humanos" agudizará en los centros de detención con prácticas de torturas y homicidios contra los pobres:
El video muestra los últimos 10 minutos antes de que José Castro Moya sufriendo triple fractura de cráneo al caer al suelo y rebotar en el piso, inducido por las palabras de un comisario de apellido Vélez, de Ushuahia y del personal de la división servicios especiales, todos cubiertos con pasamontañas.
En el video, mientras estaba aun colgado,José cuenta como el 24 de diciembre, por pedir ver a su familia, lo torturaron y lo encerraron en un congelador. Su madre declaró que el 2 de enero "hizo una presentación en el juzgado" con fotos, pero como suele ocurrir, las notificaciones en el penal se las retacearon para que no avanzara la denuncia.
Estaba detenido hacía mas de 10 años. Cumplía condena en el penal de Ushuahia hasta que fue trasladado a Río Grande, separado de su familia que allí residía.
Como era materialmente imposible que su esposa lo visitara con una hija recién nacida, inició una medida para hablar con el jefe de la unidad y pedir su traslado. Se trepó a un tinglado a más de 10 metros de altura, sin intenciones de suicidarse ya que se había atado a una cuerda, tenía una frazada para cubrirse del frío e incluso había llevado una botella para orinar.
Al minuto 8.15 del video, se ve como mientras le apuntan con una escopeta, le dicen “si quiere tirarse, la red es segura” o con voz de mando, le recomiendan: "tírese tranquilo que la red es segura".
José se suelta y su cuerpo impacta contra el suelo. La red estaba pero a metros de donde cayó.
Semanas mas tarde, fallece luego de estar en terapia intensiva.
Desde la justicia informaron que se ha comenzado una investigación para deslindar o no responsabilidades al personal policial que actuó en la Unidad de Detención Nº 1. La madre de José Castro Moya, responsabilizó directamente al Director del Penal, José Ojeda, como así también al juez García Arpón de la ciudad de Ushuaia.
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